El barrio, a un año de la ocupación, no cambió demasiado. Entre los patios de las viviendas siguen existiendo tendidos de alambrados precarios. Un año antes, las imágenes predominantes eran muy distintas. Vehículos que llegaban en forma apresurada, alambrados rotos, muebles que se descargaban a toda prisa y se introducían por las ventanas, reuniones a toda hora de personas inquietas, nerviosismo trasuntado en gestos y palabras.
Ahora, el barrio respira un clima de tranquilidad. Los pocos habitantes que se pueden encontrar una mañana cualquiera destilan desconfianza hacia la prensa, a la que necesitaron en su momento, pero de la cual, íntimamente, recelan.
La desconfianza se debe a que el matutino local, al día siguiente de haberse llevado a cabo la toma, no dudó en atribuir la misma a una suerte de acuerdo entre punteros radicales y la policía. “Ocuparon ‘pacíficamente’ las viviendas al mando de una ‘puntero’ radical que decidía quienes podían o no ingresar al lugar, como si se hubiera constituido allí una oficina o Mini-IAPV”, indicaba el diario el 5 de marzo.
Respecto de la policía, el periódico indicaba “el ex encargado del hogar de ancianos local, Sr. Parra, habría realizado algunos contactos políticos como para asegurar que la policía no intervenga en una ‘toma’ de las viviendas”.
Por esta razón, los vecinos prefirieron no dar notas. Además decidieron adoptaron un perfil bajo. “No queremos remover el avispero. Hace tiempo que está todo tranquilo por acá. Ahora que se cumplió un año pensamos que iban a volver otra vez con el problema pero no pasó nada”, explicó uno de ellos.
Ni radicales ni peronistas
Pero, algunos explican, fuera de micrófono, que no tienen vinculación alguna con el radicalismo. “Yo no soy afiliado radical ni peronista. Me dieron la casa porque luché 19 años para conseguirla. Vivía en casa de mi suegra y estaba desesperado. Quería comprar un terreno para armarme de a poco una casita, pero no tenía como”, dijo.
El barrio, en sí, no ha cambiado demasiado. Pero algunos residentes han comenzado a edificar lentamente, como una forma de afirmar su propiedad. Algunos han colocado rejas en la entrada o en las ventanas. Una vivienda muestra su frente cubierto completamente con muros y rejas. Algunas pilas de ladrillos aparecen de tanto en tanto. A decir verdad, muchas han comenzado a edificar muros de ladrillos para delimitar sus terrenos.
Un vecino muestra con satisfacción las boletas de la Cooperativa Eléctrica y de Obras Sanitarias a su nombre. Es otra batalla que han ganado, en pos de afirmar sus derechos sobre las viviendas. “Acá estuvimos dos meses sin luz, con el calor que hace en esta época del año. Pero así nos aguantamos. Hicimos las cosas ‘por derecha’, no quisimos colgarnos, compramos ‘sol de noche’ o con velas la pasamos, para hacer las cosas bien”, dijo.
Incluso, esta persona elaboró una conclusión no carente de lógica, por cierto. “Mirá, si no hubiésemos tenido esas carpetas, no hubiésemos durado 48 hs. Además Olivera nos ofreció otra casa en compensación por la nuestra. Pero compará: si yo compro una moto y no la pago, ¿Crees que el dueño me va a decir que se le devuelva y a cambio me da otra?”, ejemplificó, para legitimar su situación y la de las 29 familias restantes.
Circo romano
Los vecinos reconocen haber atravesado momentos difíciles ante la curiosidad o la discriminación de la gente. “Éramos un circo romano. La gente, cuando pasó todo el quilombo, venía los fines de semana y pasaban con los autos despacito por ahí, mirando. Eso, la verdad que te intimida”, expresa una vecina.
Otro vecino contó: “una vez fui a preguntar a Obras Sanitarias porque no me llegaba la boleta del agua. Me había llegado la primera pero no venía la segunda. Cuando llego, le digo mi apellido y no me registran. Al rato de buscar, cuando le digo adonde vivo, dicen ‘ah, sí, los usurpadores’.Yo le digo, mirá, usá otro término porque me estás ofendiendo. ‘Lo que pasa es que así les decimos a ustedes para reconocerlos’, respondió el otro”.
Por último, reconocen que están esperando que el IAPV les envíe la boleta de pago de la vivienda. “No queremos que nos la regalen, la queremos pagar”.
Estrategia defensora
El abogado defensor de las 30 familias, Dr. Carlos García, comparte la decisión de mantener un perfil bajo ante la cuestión y prefirió no opinar al respecto, hasta que la Justicia se expida. De cualquier forma, Redes pudo averiguar que la defensa de los vecinos se basa en la existencia de las actas de tenencias precarias. Esta postura se basa en algunos artículos que éstas contienen.
Por ejemplo, el 3°: “Los tenedores declara formalmente que recibe en buen estado de conservación y uso el inmueble que se le otorga en este acto, con todos sus vidrios, llaves, pinturas, baño instalado y demás accesorios y se hacen responsable de su conservación y cuidado”.
O el artículo 4°, donde se establecen las obligaciones de los tenedores: “abonar las cuotas…; no introducir modificaciones de ninguna especie…; no ceder, ni transferir, ni permutar el siguiente contrato…; permitir que el IAPV por intermedio de su personal haga las inspecciones que considere convenientes…; son a cargo de los tenedores todos los impuestos, tasas y contribuciones y servicios NACIONALES, PROVINCIALES y MUNICIPALES creados y/o a crearse que graven la unidad objeto de este contrato”.
Las tenencias fueron firmadas por Sánchez, Juan A., quien asumió como vocal del directorio apoco de finalizar la gestión de Montiel. Redes pudo averiguar que el juez de la causa, Pessolani envió un exhorto a los tribunales de Paraná, a fin de que se le tome testimonio al ex-vocal Sánchez.
Temor por el precedente
El gerente regional del IAPV, Carlos Olivera, aseguró que, en su momento, habían calificado al hecho como “ilegítimo” e “ilegal” e hicieron una denuncia por “usurpación” que está radicada en el Juzgado de Instrucción N° 4.
Olivera cree que la Justicia está analizando la validez de las tenencias precarias. “Creo que la usurpación está ampliamente demostrada. Ha sido testigo prácticamente la ciudad de Concordia. Tal vez, lo que la Justicia está decidiendo o no es la legitimidad de las tenencias precarias que la gente exhibió en ese momento para ocupar las casas”.
Luego consideró que el enfoque de la causa es incorrecto. “Yo creo que es erróneo porque la denuncia del IAPV es por el delito de usurpación. Simplemente debería dilucidar si existió o no ese delito y no debatir lo otro. Lo otro se debate en el ámbito civil. Pero esa es la decisión y nosotros la respetamos”, indicó.
Por otra parte, consideró que las tenencias “fueron otorgadas entre ‘gallos y medianoches’ y no tienen una resolución del directorio respaldatoria. Las tenencias se otorgan en cumplimiento de una resolución del directorio que respalda la existencia de esa tenencia”.Luego añadió que quien firme las tenencias deben tener el respaldo del directorio. “No existe nada de eso de la gestión anterior”.
“Nosotros sabíamos desde el inicio que esto se iba a demorar, el expediente ha tenido movimiento, hemos ido a declarar varios involucrados”, dijo Olivera, quien no estaba al tanto de la situación en la que se encuentra el expediente. Hay una versión que señala que existe un pronunciamiento favorable a las familias por parte de la fiscal que interviene en la causa, la Dra. Gallo. Aunque desde el IAPV señalan que aún no hay dictamen fiscal, pero no faltaría demasiado para que la fiscal se expida.
“En el IAPV tenemos la decisión de continuar hasta que la Justicia resuelva, porque de lo contrario sería darle legitimidad a lo que nosotros consideramos una usurpación”, expresó el gerente.
Demoras en la Justicia
De igual forma, aseguró que si el IAPV legaliza la situación de las familias dejaría un precedente negativo para otras familias. “Ya existe, en virtud de la demora de la Justicia, la creencia que uno puede usurpar una vivienda y que no te van a sacar”, puntualizó.
En caso que hay una decisión adversa en primera instancia, Olivera expresó que las instrucciones del directorio en Paraná del IAPV es iniciar un juicio por desalojo civil. “Allí el objeto es determinar si existe obligación de devolver, de restituir el bien por parte de quienes lo están ocupando. No se debate la legitimidad del título”, expresó.
Para que los moradores se vean obligados a devolver esas viviendas, el IAPV debería acreditar su condición de propietario. Olivera aseguró que el Instituto sigue teniendo la posesión de los inmuebles porque las actas precarias fueron revocadas luego de la toma. “Fueron revocadas por una resolución de principios de 2004 por el actual directorio del IAPV, quien ordenó la realización de un sorteo público y la entrega de nuevas viviendas”.
En cuanto a las boletas de agua y de luz que vienen a nombres de los moradores, quienes las exhiben como prueba de validez de sus pretensiones, Olivera expresó que “esta gente exhibirá esta documentación intentando demostrar que ellos están haciendo uso de dueño, demostrando que ellos tienen posesión de la vivienda. La posesión el IAPV nunca se las dio y la posesión que eventualmente pudiese haber es ilegítima”.
