Mientras esta comisión trabajaba anoche, resonaban las repercusiones del tenso encuentro mantenido por el gobernador Sergio Urribarri con los legisladores oficialistas durante la mañana.
El ministro Bahl dijo ayer, antes de reunirse con los trabajadores del Registro Civil nucleados en el gremio UPCN, que el gobierno respetaría el compromiso con los trabajadores del sector de “pasarlos a planta permanente”.
Esta afirmación del funcionario coincide con lo dicho por el secretario general de UPCN y jefe del bloque de diputados justicialistas, José Allende, respecto de que el gobierno retiraría el veto al artículo que define quienes serán los trabajadores que accederán a esos cargos.
Al momento de aprobarse la ley, en forma unánime en ambas Cámaras, se explicó que se incluía la lista de beneficiarios porque, en razón de un decreto anterior del Poder Ejecutivo, se les había reconocido esa prioridad.
Lo que restaba definir ayer era el destino de otra de las cuestiones señaladas en la ley, que les permitiría acceder a estos trabajadores a un adicional que surge de una vinculación con el Poder Judicial, cuyo monto se estima en 1.800 pesos.
Bahl explicó ayer que estaba en discusión el destino de ese adicional “que está atado al salario de otro poder, lo que puede llegar a provocar distorsiones”. El funcionario dijo que el gobierno quiere evitar las asimetrías y, en cambio, establecer “regularidades” de manera que “para igual trabajo haya igual remuneración”.
El conflicto se originó cuando el Ejecutivo vetó parcialmente la norma con el argumento principal de que el Poder Legislativo no podía efectuar designaciones de empleados, pero luego el eje de la polémica se fue corriendo hacia el impacto del polémico adicional en las cuentas del Estado Provincial.
Dado que la Asamblea Legislativa tiene previsto realizar hoy su primera convocatoria para tratar el veto, el gobernador de la Provincia convocó ayer a los legisladores justicialistas a un encuentro que se desarrolló en un marco de mucha tensión.
Urribarri le reclamó a sus compañeros que acepten el veto, pero éstos se manifestaron en desacuerdo. Los reproches cruzados fueron el denominador común del encuentro que mantuvieron el gobernador y funcionarios con diputados y senadores de su propio partido, incluido el ex gobernador Jorge Busti.
La reunión finalizó cuando Urribarri se retiró del lugar del encuentro dejando a los ministros Bahl y de Economía Diego Valiero encargados de seguir la discusión, advirtiendo que no retiraría el veto si no se llegaba a un acuerdo.
Un rato antes, Urribarri había ofrecido retirar el veto a los artículos 1 y 2, vinculados con las designaciones; mientras que para el caso del adicional se ofrecía una equiparación con uno que percibe el personal de la Contaduría General de la Provincia. Conocedores de los números provinciales señalaron a UNO que esa oferta es la que “razonablemente el gobierno puede hacer” ya que se trata de un conjunto de aproximadamente 300 empleados.
Esas mismas fuentes reconocen que lo que más preocupa a Valiero es el efecto contagio que podría generar una respuesta favorable a esa demanda.
Del segundo encuentro, durante la siesta, participaron Bahl, Valiero, Allende, el senador por Paraná Santiago Gaitán, los diputados Hugo Vázquez y Daniel Vescos, y delegados de UPCN. Allí se estuvo cerca de alcanzar el acuerdo en torno al adicional de 700 pesos.
La Asamblea Legislativa, convocada para hoy en su primer llamado, no se reuniría, pero sí debería hacerlo en el segundo llamado, dentro de 10 días, si antes no se logra un acuerdo.
Se sabe que en el tercer llamado la Asamblea puede sesionar con un tercio de los presentes, lo que daría la posibilidad de que sesione con la sola presencia de los legisladores opositores.
Sin embargo, el apuro es mayor, ya que nadie en el oficialismo quiere llegar al acto de la apertura de sesiones, el domingo, con el conflicto instalado. En el gobierno imaginan que los balcones del Teatro 3 de Febrero, donde se hará ceremonia, podrían poblarse de militantes de UPCN que manifiesten hostilidad al gobernador, al momento de su discurso.
Más allá de la solución a la que pueda arribarse, queda instalada la idea de que persisten las desinteligencias entre el Poder Ejecutivo y los legisladores oficialistas.
Se trata este del tercer veto que Urribarri impone a alguna ley y ha tenido que negociar o dar marcha atrás, como ocurrió con la objeción a la prórroga de la ley que suspende los remates de vivienda única, en la que finalmente el Ejecutivo se comprometió a mandar a la Legislatura un proyecto de ley correctiva, que todavía está a la espera.
