Padula informó que actualmente quedan unos 6 mil beneficiarios, pues aseguró que no ha habido incorporaciones desde hace siete años y el listado original ha ido decantándose debido, principalmente, al exceso de consumo máximo fijado en 250 Kw por bimestre.
A los 6 mil beneficiarios, el gobierno pretende sumar otros 6 mil en una primera etapa y luego, un número similar hasta llegar a unos 18 mil, explicó Padula. Para eso, se prevé un presupuesto de hasta 1,5 millones de pesos por año.
Paralelamente, el decreto 6.428 contempla un programa de Inclusión al Consumo de la Energía Eléctrica (ICEE), destinado a los sectores que acceden al servicio en forma clandestina o que directamente no tienen luz, explicó el funcionario.
Este plan también se comenzaría a instrumentar en un mes o 45 días, aunque Padula indicó que se trata de una modalidad que demandará tiempo, ya que conlleva tareas de concientización tendientes a promover un cambio de hábitos en el consumo.
La modificación del beneficio consiste en elevar el consumo máximo permitido a 280 kw/h hora cada dos meses (en 1999 se fijó en 250 kw/h), haciéndose cargo el Estado de 130 kwh (antes eran 150 kw/h). El resto deberá abonarlo el usuario a valores establecidos por el cuadro tarifario vigente. En tanto, el sistema establece exigencias para los municipios que quieran adherir al programa: las comunas deberán exceptuar a los beneficiarios de la tarifa social del cobro de la tasa en concepto de alumbrado público que, en el caso de Paraná, grava con el 18 % el consumo de energía.
Al respecto, Padula comentó que desde la Secretaría se ha informado del programa a los municipios y que actualmente están en conversaciones, pues consideró que la exención requiere de la sanción de una ordenanza. De hecho, indicó que la Comuna de Feliciano ya emitió la legislación y que otras, como Gualeguay y Gualeguaychú, están en eso.
La confección del padrón de beneficiarios estará en manos de la Secretaría de Energía, con la intervención de municipios, juntas de Gobierno, coordinadores de Acción Social, consigna el decreto. Para la primera etapa, se tomará la base de datos de los usuarios actuales de la tarifa social y el listado de los beneficiarios del programa de la Garrafa Social.
$ 7 por mes
El programa de Inclusión al Consumo de Energía Eléctrica se plantea en el decreto como un “plan piloto”, involucrando en una primera etapa a Paraná, Gualeguay y Concepción del Uruguay, para atender a los grupos que acceden al servicio de forma irregular (enganchados) o que carecen del servicio.
En este caso, el Estado subsidiará el consumo de hasta 220 kwh por bimestre, el derecho de conexión y la instalación del pilar domiciliario. En tanto, la distribuidora facturará al usuario el excedente hasta 370 kwh, mientras que si hubiera un mayor consumo debería ser absorbido por la prestadora.
Ahora bien, los usuarios deberán “abonar puntualmente” la facturación bimestral, con lo que surge la pregunta sobre si hogares de escasímos recursos podrán afrontar el pago del excedente. Al respecto, se estimó que la obligación es factible debido a que demandaría unos 7 pesos por mes, lo que se consideró accesible para alguien que tenga, por ejemplo, un plan Jefes y Jefas de Hogar.
En tanto, la boleta quedará liberada casi totalmente de la lista de imposiciones: la distribuidora no cobrará el cargo fijo, los municipios que adhieran deberán eximir del cobro de la Tasa de Alumbrado Público y de la exigencia de la Contribución del 8 %, y la provincia del Fondo de Desarrollo Eléctrico de Entre Ríos (Feder) que grava el consumo con un 15 %. Sólo se mantendrá el 21% del IVA.
Para determinar quiénes serán beneficiarios, también se prevé la realización de un censo, trabajo que quedará a cargo de grupos “de gestión barrial”. El plan contempla además la colocación de un interruptor de energía, que dejará sin suministro a la vivienda cada vez que registre un exceso de consumo, y campañas de concientización sobre el uso racional de la energía.
Por último, Padula remarcó que esta semana recibieron instrucciones de Carlos Molina, titular de la Secretaría de Energía y de Enersa, para que ambas iniciativas se instrumenten en el transcurso de un mes y medio a más tardar.