Si bien el proyecto podría considerarse de carácter excepcional, el diputado asegura que “se encuentra fundado en los criterios de razonabilidad, solidaridad y justicia.”
“Es de público conocimiento que los aumentos producidos de manera indiscriminada sobre las tarifas eléctricas tanto al sector residencial como a los sectores comerciales e industriales han afectado de manera sustancial y notoria sobre la propia actividad de nuestros ciudadanos”, argumentó el legislador.
En el mismo sentido el legislador agregó “El hecho que oportunamente se hayan realizado audiencias públicas, antes de producir los tarifazos eléctricos, no significa que los mismos fueran legitimados por la mayoría de la población, sino que la audiencia pública se realizó meramente para cumplimentar una formalidad”.
“De hecho, el aumento indiscriminado en facturas eléctricas se llevó adelante sin considerar el rechazo absoluto por parte de nuestra comunidad, ante el exorbitante, abrumador y violento incremento que propició el Poder Ejecutivo Nacional” enfatizó Solanas.
“Ciertamente es dable mencionar que dicho inescrupuloso aumento, no trajo aparejado el supuesto incremento en las actividades comerciales e industriales, sino que contrario, dicha suba en las tarifas eléctricas aumentaron los costos de producción y favorecieron la inflación…” afirmó el diputado en los fundamentos.
“Por otra parte, la afectación en las tarifas residenciales han resultado nocivas y han denostado la calidad de vida de nuestros conciudadanos”, agregó Solanas y continuó “Asimismo, resulta alarmante observar cómo se llevó adelante un paupérrimo aumento para nuestros abuelos jubilados frente al excesivo, abusivo, indiferente y desamparado aumento de las tarifas eléctricas a nuestra sociedad”.
Entre los fundamentos normativos el legislador cita a la Constitución de Entre Ríos, la cual en su art. 30 establece que se “…el Estado debe garantizar en los servicios públicos concesionados la fijación de un sistema tarifario justo, razonable y transparente”; y destaca a su vez que en “nuestra Constitución Nacional los derechos del consumidor están reconocidos en nuestra Carta Magna como parte de los Derechos Humanos”.
La norma fue acompañada por José Luis Gioja, Guillermo Carmona, Cristina Alvarez Rodriguez, Juan Manuel Huss, Adrián Grana, Carlos Castagneto, Alberto Ciampini, Verónica Mercado y Jorge Romero.
