El proyecto original, girado por Diputados el 28 de noviembre del 2003, no contemplaba que los jueces paguen ganancias y sólo establecía que los fiscales y defensores oficiales tributen este impuesto. El gobierno espera recaudar con esta nueva ley entre 80 y 100 millones de pesos. La norma, que ahora deberá ser tratada por la Cámara baja, excluye lo que perciben los magistrados por antigüedad en el cargo.
El senador justicialista Jorge Capitanich, en nombre del oficialismo, defendió el proyecto y negó que la ley cercene la independencia del Poder Judicial. Capitanich remarcó, además, que «toda la sociedad» exige que los letrados tributen ganancias, para evitar un «privilegio que no está en sintonía con el artículo 16 de la Constitución, que establece el principio de igualdad ante las cargas públicas».
«Establecer el impuesto a las ganancias para los jueces es una exigencia de toda la sociedad, ya que los únicos que tiene el privilegio de estar eximidos hasta el momento de tributar el impuesto a las ganancias es el Poder Judicial», enfatizó el legislador.
La iniciativa fue cuestionada por los magistrados que defienden el beneficio argumentando que la Constitución nacional prohíbe, en su artículo 110, al Congreso disminuir sus sueldos. Ese apartado establece que los sueldos de los jueces de la Corte Suprema y de los tribunales inferiores «no podrá ser disminuido de manera alguna».
Entre las asociaciones que cuestionaron la norma están la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la justicia nacional, la Junta Nacional de Cortes y Superiores tribunales de las provincias argentinas y la Federación Argentina de Magistrados. No obstante, algunos letrados, como el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Enrique Petracchi, se mostraron a favor de derogar la ley que exime a los jueces de pagar este impuesto.
