En la sesión de la Cámara Baja obtuvo media sanción por unanimidad el proyecto del peronista Raúl Solanas para la destrucción de las armas de fuego secuestradas a los autores de hechos delictivos. Dicha destrucción se debería efectuar dentro de un lapso de 30 días desde que se emita una sentencia condenatoria firme. Además, ingresó una propuesta del justicialista Jorge Bolzán para la restricción de la libertad condicional y eliminación de la salida sociolaboral para los detenidos condenados por crímenes aberrantes.
Al mismo tiempo, el Poder Ejecutivo terminó de elaborar el proyecto para la creación del juicio por jurados, que será sometido al análisis de la Legislatura. La iniciativa adopta el sistema anglosajón de Jurado Puro, integrado únicamente por ciudadanos legos mayores de 21 años y vedado para abogados, escribanos, procuradores y empleados del Poder Judicial de la Nación y las provincias. Se trata de un jurado de nueve miembros que se pronunciará por la culpabilidad o inocencia del imputado en un veredicto irrecurrible.
La iniciativa de Solanas que busca la eliminación de armas utilizadas por los delincuentes tiende a encontrar una salida al problema que representan las 5.000 armas que aproximadamente se hallan hoy en sede judicial, a lo que se suma, según el legislador, la falta de una certeza absoluta respecto de que esas armas no retornen al circuito delictivo.
En cuanto al proyecto que planea restringir las salidas condicionales, el diputado Bolzán explicó que su intención es lograr que las condenas de “determinados tipos de delitos sean de cumplimiento total y efectivo, y sin posibilidades de que salgan a la calle habiendo cumplido las dos terceras partes de la condena y con un certificado de buena conducta”.
En este sentido señaló como ejemplo los delitos contra la integridad sexual, “donde, además de la formación moral y la escala de valores que tenga el individuo, también está el factor psicológico o mental, que creo que es irreversible y que estoy seguro que muchísimos casos se vuelven a repetir”, agregó.
En tanto, el sistema de juicios por jurados que elabora el Ejecutivo estará reservado para los delitos más graves o de mayor repercusión social. Entre ellos: homicidio agravado, secuestro, homicidio con motivo u ocasión de robo, asociación ilícita, delitos contra la administración pública y enriquecimiento ilícito de los funcionarios.
El texto prevé un proceso de selección de los miembros de cada jurado, partiendo de una lista de 300 personas por cada una de las cuatro jurisdicciones en que se dividirá la provincia. Esta lista se confeccionará entre octubre y noviembre de cada año, para integrar los jurados del año siguiente. Luego de una depuración, el Superior Tribunal de Justicia creará por sorteo una lista de 36 integrantes para cada juicio. Al inicio de cada debate cada parte puede excluir a seis integrantes de la lista sin fundamentar su decisión; de los 24 que quedan se escogen al azar nueve titulares, tres suplentes y el resto queda a disposición para eventuales subrogaciones.
El juez de Cámara que dirigirá el juicio también se designará por sorteo; deberá acatar el veredicto del jurado y dictar sentencia encuadrando legalmente el hecho y graduando la pena en caso de condena. Los jurados permanecerán totalmente incomunicados hasta emitir el veredicto.
Fuente: Diario UNO