Con la reforma la inhabilitación pasa de ser voluntaria a ser obligatoria para el juez, que deberá hacerlo sin más trámite. “La explicación de esto es aplicar el más puro sentido común: no puede seguir manejando una persona que ha provocado son su conducta un accidente de características tal que una persona ha resultado fallecida, aún cuando para demostrar su culpabilidad deban seguirse los procedimientos procesales correspondientes”, expresó Petit.
Luego añadió que se les debe dar a los jueces las herramientas que ellos necesitan para poder actuar. “Para ello debemos animarnos a modificar las normas actuales, abrir el debate, incorporar iniciativas, pero sobre todo debatir sobre este tema que preocupa a toda la sociedad”, sostuvo.
Además de retener la licencia habilitante, el juez debe comunicar la resolución al organismo de control de tránsito y transporte tanto provincial como municipal de la jurisdicción en la cual se haya generado el hecho.
La legisladora consideró que, en los fundamentos del proyecto, que el aumento considerable de víctimas de accidentes de tránsito en todo el territorio nacional, así como los datos que demuestran que el 90% de los accidentes mayoritariamente en rutas fueron causadas por las infracciones de los conductores de los vehículos, sumadas a las reiteradas violaciones de las normas establecidas en la Ley Nacional de Tránsito, “hacen necesario la disposición de medidas que tiendan a evitar que quiénes se consideren a prima facie responsables de esas transgresiones continúen ejerciendo sus derechos en la misma forma”.
En ese contexto, la comunicación de la inhabilitación para conducir “surtirá efectos positivos si la misma se realiza a las Secretarías y/o Direcciones de Transporte de los Gobiernos Provinciales y Municipales quiénes ejercen el control de licencias y demás documentación requerida para conducir, a través de los cuerpos de Policía provinciales o agentes de tránsito municipales”.
