“Creo que han actuado con mucha rapidez. Una rapidez llamativa en un caso de este tipo a imputar supuestamente, lo digo porque no han sido notificado formalmente, a un intendente, a un secretario de gobierno, a un secretario de obras públicas, a un director de Higiene Urbana, a un subsecretario de Obras Públicas y ni siquiera los ha llamado a declarar para saber cómo es el procedimiento”, expresó.
Petit señaló que su defendido se enteró de casualidad de la imputación. Y, de hecho, dijo que ese fue uno de los errores que cometió el fiscal José Arias es atribuirle a Von Zelheim un cargo que no ocupa. “La figura con que lo imputa está relacionado con ese supuesto cargo. Si el fiscal hubiera esperado los informes, evidentemente se hubiera dado cuenta de que no podía inculparlo en esa situación”, dijo.
“Respecto de los demás imputados si bien la información ha salido en los diarios la noticia, no fueron notificados ni han presentado abogado defensor en la causa”, dijo Petit a Radio Ciudadana (FM 89.7).
En ese momento, el miercoles 27 que el fiscal notificó de la imputacion, la asesora recalcó que la misma todavía no estaba firmada dado que tiene fecha del jueves 28 de febrero. Es decir, del día posterior. En consecuencia, Petit se presenta como abogada defensora para poder tener acceso a la causa. “Por lo que habían podido ver de la información que el fiscal pidió a la municipalidad, solamente son expedientes administrativos, entendíamos que la imputación era muy apresurada”, dijo.
De hecho, resaltó que todo se resolvió en el término de tres días. Pero la denuncia fue presentada el 25 de octubre de 2018. El fiscal llama a declarar al denunciante el 21 de febrero y el 26 de febrero, a las 9:30 de la mañana, llama a declarar a las dos hijas del denunciante y a la pareja de una de ellas. El mismo día manda el oficio al municipio con un plazo de 10 días para responder, pero el 28 ya hace las imputaciones.
Respecto de los hechos denunciados, dijo que en el escrito todo es un “poco difuso”. “En realidad, Juan González (denunciante) no habla de un delito en especial. Lo que deja traducir en los 45 minutos de su declaración es una rabia y muchas ganas de venganza contra la intendencia por haberle cortado arbitrariamente el trabajo que venía realizando en la municipalidad desde la gestión de Gustavo Bordet en adelante”, dijo.
La asesora dijo que González dijo que estaba a cargo de una cooperativa, pero “eso no es técnicamente cierto”. “Es un monotributo porque la Cooperativa nunca fue conformada legalmente. Él dice que es una cooperativa y el fiscal habla también de eso, pero la cooperativa en los papeles, no existe. Es un monotributo de Juan González que tiene a cargo la limpieza de una de las zonas de la ciudad”, explicó.
“Cuando el intendente asume se encuentra con un plano de diferentes de la ciudad y cada uno estaba otorgado a diferentes ‘cooperativas’. Ustedes saben que en la época en que estaba Néstor Kirchner de presidente, desde Desarrollo Social de la Nación, la hermana lanzó muy fuerte este programa de cooperativas. Y sólo bajaba a través de cooperativas porque el objetivo era contener a la gente mediante mano de obra no calificada porque la gente que trabaja en las cooperativas son mano de obra no calificada, para que tengan un ingreso mediante una contraprestación de trabajo y que no sea dependiente solamente del Estado”, dijo.
“Este gobierno lo que hizo fue empezar a regularizar a las cooperativas y sobre todo a fijarse si cumplían o no cumplían con el servicio”, expresó. “En ese proceso, muchas cooperativas dejaron de cobrar porque no cumplían con los requisitos que no establece el intendente sino con una ordenanza de administración financiera que establecen resoluciones de la Afip y de Ater de que no se pueden pagar a personas que tengan deudas. Sino están al día, no pueden cobrar. Esto no es subjetivo, hay normas que los establecen”, señaló.
Además, expresó que el Tribunal de Cuentas lo que suele hacer es un control de la legalidad del proceso. "Que el proceso cumpla con todo lo que está establecido en las ordenanzas vigentes. Aparte somos autónomos y cada municipio tiene un proceso diferente. Esto también hay que destacarlo porque el fiscal parece no darse cuenta porque no ha pedido la información de base que es la que le da sustento”, indicó.
“Es una ordenanza que establece el servicio, quien contrata el servicio, porque el intendente es el último que firma la resolución de pago después de que pasa todos los sistemas de control”, indicó la asesora.
