“Esperamos una sentencia condenatoria y contundente para quienes pusieron su clínica al servicio del Plan Sistemático de Robo de Bebés durante la última dictadura cívico militar, y son responsables de la retención y ocultamiento y la sustitución de la identidad de los mellizos Valenzuela Negro. Además, con su silencio, los imputados siguen perpetrando la desaparición del Melli al que todavía buscamos”, adelanta el informe enviado por la agrupación H.I.J.O.S. Paraná.
“Esta será una instancia histórica para el proceso de memoria, verdad y justicia de nuestra provincia. Por primera vez habrá sentencia para los responsables civiles del terrorismo de Estado y en este caso son los profesionales y empresarios de la salud que recibieron en el IPP a los hijos de los compañeros desaparecidos Raquel Negro y Tulio Valenzuela, horas después de nacer en el Hospital Militar de Paraná; los internaron y atendieron con nombres falsos y alejados de sus padres, para luego entregarlos a manos desconocidas el 27 de marzo de 1978. Tampoco cumplieron con la obligación que les correspondía de dar aviso a las autoridades competentes de la situación de desamparo de los bebés” agrega.
“En la causa hay abundante prueba documental y testimonial que acredita la culpabilidad de los dueños del IPP y durante el juicio oral y público se escucharon declaraciones en el mismo sentido. Enfermeras, madres de otros niños internados en el mismo momento que los mellizos y hasta colegas de Torrealday, Vainstub y Rossi dejaron en claro que ellos conocían la historia de los niños, los vieron y los tocaron. Una frase de una de las ex trabajadoras del Instituto no dejó lugar a dudas: “Torrealday entró con el NN a la sala de neonatología”.
Asi mismo, el comunicado revela que también surgió la llamada “pista Córdoba”, según la cual el Melli podría estar viviendo hoy en esa provincia. “Sorpresivamente, en ese mismo momento apareció muerto en Córdoba Capital, en un extraño accidente, el médico Eduardo Halac, hijo de Jacobo Halac, el neonatólogo que formó a los paranaenses imputados”, sugiere.
Al momento de los alegatos, las partes querellantes solicitan una pena de 15 años de prisión para cada uno de los acusados, por considerarlos a los tres responsables en calidad de coautores de los delitos de lesa humanidad cometidos en el marco del genocidio. El fiscal José Ignacio Candioti, por su parte, reclamó 12 años de cárcel para Torrealday, por entender que fue partícipe necesario, y nueve para sus socios como partícipes secundarios. Los defensores de los doctores solicitaron la absolución, al cabo de un debate durante el cual todos se encerraron en el inverosímil argumento de que nada supieron y ninguno rompió el silencio acerca del paradero del mellizo varón.
“Luego de casi tres meses de juicio y tras 40 años desde aquellos hechos, llegó la hora de la justicia y es imprescindible el acompañamiento de todos y todas, para apoyar a las familias Negro y Valenzuela y especialmente a Sabrina, la melliza a quien le fue negada su identidad por 30 años y con quien pudimos reencontrarnos en 2008”, reclaman.
“Siguiendo los pasos de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, estaremos en la calle para hacer de la Justicia una construcción colectiva, y una vez más, exigimos que rompan el silencio. ¡Dónde está el Melli?
