“Están pedidas nuevas pruebas y hasta que no queden incluidas en el expediente, no se puede fijar la fecha del inicio del juicio”, confirmó a EL DIARIO, el doctor Raúl Herzovich, integrante de la Sala II de la Cámara del Crimen de Paraná, al referirse a la causa que se le sigue por el delito de enriquecimiento ilícito al intendente de Santa Elena, Domingo Daniel Rossi.
La causa fue elevada a juicio por el fiscal de Instrucción de La Paz, Enrique Martínez, en noviembre del año pasado. Junto al juez Carlos Trajtemberg llevaron adelante la investigación, que demandó más de seis años y en la que se comprobaron sumas millonarias —en dólares— de Rossi, su madre, su hermana y su ex mujer en dos bancos uruguayos. A Rossi y su entorno le determinaron más de cuatro millones de dólares en las cuentas, en depósitos realizados, fundamentalmente entre 1990 y 1997. No obstante, sorprendió el hecho de que, a través de esas cuentas, transitaron cerca de 48 millones de dólares en esos años.
Según se informó, la Cámara del Crimen de Paraná, que llevará a cabo el juicio oral y público, aceptó la ampliación de pruebas pedidas por las partes y requirió otras de oficio, entre ellas, las relacionadas a las cuentas de Rossi en la República Oriental del Uruguay (ROU).
El jefe comunal santaelenense que logró, pese a estar procesado y prohibido por la Ley 3001, asumir la intendencia en diciembre pasado, no se cansa de decir que “justificó sobradamente” su patrimonio, aunque los resultados de la investigación demuestran lo contrario. Cuando se fije definitivamente la fecha del juicio oral y público, será en esa instancia donde Rossi, sentado en el banquillo de los acusados, deberá demostrar su inocencia.
Para Rossi, la acusación en su contra, no es más que “un seguimiento periodístico muy fuerte que hace que la causa esté dando vueltas y no se termine” ya que para él “técnicamente está absolutamente terminada”, debido a que justificó su incremento patrimonial, el cual —según había dicho en un reportaje a EL DIARIO— lo logró tras quedarse con los gastos reservados durante los cuatro años que ejerció como vicegobernador, además de las remuneraciones como presidente del Ejecutivo de Santa Elena y de su actividad privada.
En ese sentido, dijo que existen diferencias respecto a los montos que se manejan en la causa. “Primero se habló de 48 millones de pesos, ahora de cuatro y también de dos millones de pesos. Yo justifiqué sobradamente con comprobantes mi actividad pública y privada”.
Para el santaelenense, la causa que se le sigue “es una injusticia” y justifica su opinión al recordar que en las elecciones del 23 de noviembre pasado, obtuvo “más del 60 % de los votos. Fue una manifestación popular histórica y democrática contra una injusticia. No digan que el pueblo de Santa Elena es analfabeto o no sabe lo que quiere”, indicó.
Por otra parte, el jefe comunal ratificó que el tribunal admitió, a través de una resolución, las pruebas que su defensa había presentado en la instrucción de la causa y que fueron denegadas en su momento.
“Esto indudablemente aclara las cosas, porque se va a saber la absoluta verdad, que es lo que todos necesitamos conocer”, dijo. Además, manifestó que “con las nuevas pericias que se van a realizar y las nuevas pruebas que van a presentar, se podrá aclarar esta situación”.
Según informó, entre las nuevas pruebas que pidió la defensa del intendente, se incluye un nuevo exhorto a los bancos de la República Oriental del Uruguay. “Pedimos que ratifiquen que no tengo cuentas en el Uruguay, tampoco consta que algunos de mis familiares las haya tenido”, aseguró el ex Vicegobernador.
La ampliación de pruebas fue solicitada por la Sala II de la Cámara del Crimen de Paraná, integrada por Silvia Nazar, Raúl Herzovich y Arturo Landó.
