De acuerdo a la información obtenida por el programa “Agenda Abierta” (FM Activa), la comunicación de carácter interno especifica cuales son las tareas y las responsabilidades que la caben a la Contaduría Municipal, remarcando que el contador municipal “está obligado a objetar por escrito, todo pago que no se ajuste a la legislación vigente”. Allí destacan que en varias oportunidades, lo expedientes se remiten incompletos y fuera de “tiempo y forma”, lo cual, en algunos casos habría concluido en hechos de violencia, por la manera en que habrían sido reclamados, aunque estos incidentes no son debidamente especificados en la carta dirigida a Ben.
Los empleados de carrera también le señalan al Subsecretario de Hacienda que, desde el Ejecutivo, “se informa incorrectamente a proveedores o medios de prensa, culpando a la Contaduría de las demoras producidas en la tramitación de expedientes”.
Para los remitentes de la nota, estas trabas son “como consecuencia que se (los expedientes) se remiten incompletos, con errores o irregularidades”.
Caso específico
En la segunda carilla de la comunicación firmada por los empleados de la Contaduría, se detalla el caso del reclamo de los integrantes de la Cooperativas de Trabajo para la construcción de viviendas, donde se involucró a esa dependencia “como que no se les haya depositado el dinero en la cuentas bancarias, cuando los responsables de la implementación del Convenio especifico no habían iniciado aún el Expediente para el pago de Mano de Obra”.
En la nota se responsabiliza de este problema al arquitecto Jorge Sánchez, al MMO Daniel Vilche y al Subsecretario de Servicios Públicos, Daniel Martínez. Según la carta, los beneficiarios reclamaban el expediente el pasado 4 de abril y el documento recien comenzó a confeccionarse al día siguiente.
La denuncia de anomalías no termina allí, ya que los trabajadores afirman que luego de eso “se advierte nuevamente que, como el los pagos anteriores, la documental obrante esta incompleta para su evaluación y para ello bastaría con cumplimentar con lo contemplado en el convenio especifico celebrado entre la Municipalidad, el IAPV y el Estado Nacional, habida cuenta que se trata de fondos por lo que se deberán rendir cuentas en su oportunidad”.
La comunicación termina diciendo que el motivo de la carta es “evitar, tanto perjuicio fiscal para el Municipio, como demoras injustificadas que perjudicaría los beneficiarios del programa”.
Esto suma un nuevo capitulo en el enfrentamiento que el intendente Cresto tiene con esta dependencia municipal, donde según funcionarios de la actual gestión, algunos empleados jerárquicos responden incondicionalmente al ex intendente Orduna.
