A la salida de Tribunales, Romero, informó que la comuna concretó “una presentación ante la fiscalía en turno, a cargo de Leonor Nader, a los efectos de que se investigue la contratación de un fideicomiso en diciembre de 2006”.
“El contrato lo suscribió el (entonces) intendente de la ciudad (Julio Solanas) y luego fue ratificado por un decreto de él mismo, con la firma del (ex) secretario de Hacienda César Pross”, describió. Romero consignó que, luego de analizar el caso con el secretario Legal y Técnico de la comuna, Alejandro Cánepa, la secretaría de Hacienda y el cuerpo de asesores, “entendemos que existen diversas irregularidades en esa contratación y también consideramos que hay una obligación del funcionario público de denunciar”.
La funcionaria explicó que, como delitos tipificados, “habría defraudación, malversación e incumplimiento de funcionario público”, pero aclaró que la presentación hecha “es una sospecha que tenemos. De ahí a que se establezca culpabilidad hay todo un proceso de prueba”. “Hay que ser muy respetuosos de la acción judicial. No hacemos de esto una utilización política, sino que ponemos blanco sobre negro y decirle a la Justicia que investigue, así como le pedimos al Concejo que desapruebe lo actuado en el contrato de fideicomiso”, puntualizó.
Además de Solanas, también están incluidos en la presentación realizada este mediodía César Pross “y quien fue el gerente de proyectos de una gerenciadora, Sebastián Faure”, expresó Romero.
En el escrito presentado a la Fiscal hay “un relato pormenorizado de los actos administrativos que precedieron al fideicomiso y un racconto de lo que pasó después del ingreso de los 5 millones de pesos para obras desde diciembre de 2006 en adelante. En función de eso, hicimos un detalle de las falencias administrativas, los controles que no existieron, las cosas que se omitieron y los perjuicios que para las arcas municipales trajo esta operatoria”, dijo la funcionaria municipal.
Finalmente, afirmó que según entiende la actual administración, estos fondos “no fueron asignados al destino previsto”. Los plazos, ahora, dependerán de la Justicia. “Nosotros aportamos las pruebas que teníamos a nuestro alcance”, remató.
Fuente: APF
