Esa ley, sancionada por la Legislatura el 21 de diciembre de 2004, puso bajo el sistema de arrendamiento “a todas las islas fiscales de la Provincia de Entre Ríos, fracciones o lotes de las mismas y anegadizos”, y según fijo el artículo 4º, “deberán destinarse al desarrollo de actividades ganaderas, apícolas y/o aquellos propios de proyectos de inversión para la prestación de servicios turísticos”.
El decreto Nº 1.186, firmado por el gobernador Sergio Urribarri el 12 del actual, dio por finalizados “la totalidad de los convenios de arrendamientos” celebrados en el marco de la Ley Nº 9.603. El texto sostiene que “más allá de las intenciones expresadas por el legislador” al momento de dictar esa norma, en los hechos los predios de las islas del Delta “no podían ser objeto de contratos de arrendamiento”.
En el marco de la denominada Ley de Arrendamientos, sólo en zona de islas del departamento Victoria y sobre un total 123 mil hectáreas, el Estado arrendó en 2007 un total de 78 mil. Por el uso de esos predios, se fijó un precio promedio del arrendamiento en $ 17,50 por hectárea/año, que se actualizaría en relación del valor del índice promedio del kilo vivo de novillo que fija el Mercado de Liniers.
Los arrendamientos fueron pautados por tres años –vencen en 2010– y en ese marco el Gobierno utilizó la cláusula de no renovación de los permisos de ocupación y ahora dio por concluido ese sistema. El decreto que firmó el Gobernador se apoya en varios argumentos, entre ellos estos dos: los arrendamientos fueron otorgados a ganaderos con domicilio fuera de Entre Ríos, principalmente Buenos Aires y Santa Fe, y que en muchos casos se verificó que aquel canon pautado no era pagado, consigna El Diario.
Pero además, sostuvo, según el texto del decreto Nº 1.186, que “muchos de los inmuebles en cuestión estuvieron usurpados por particulares sin derecho alguno lo cual, obviamente, implica una situación que el Estado debe hacer cesar”, habiéndose producido además “hechos ilegales, como fueron los incendios provocados por particulares que, inclusive, motivaron acciones judiciales contra la Provincia”, por parte por ejemplo de la Municipalidad de Rosario.
El propio Gobierno constató que en el amplio humedal del Delta entrerriano se suceden hechos irregulares: durante años, particulares han ido inscribiendo parcelas propiedad de la Provincia como propios, y ese proceder fue posible a partir de un modus operandi: un agrimensor elaboraba un plano de mensura, que se inscribía en Catastro, y ese sólo documento permitía luego acudir a una oficina de Rentas, donde se empezaba a emitir las boletas del Impuesto Inmobiliario.
Así, se consumaba la apropiación: más de la mitad de las 200 mil hectáreas de islas del Delta, fundamentalmente en Gualeguay y Victoria, propiedad del Estado provincial están ahora en manos de particulares.
Fue por eso mismo que ahora el Ejecutivo decidió “dejar sin efecto todo trámite cuyo objeto sea visación y/o aprobación de plano de mensura de inmuebles del dominio público” y además dispuso que la Dirección General de Rentas (DGR) “no perciba más impuestos y disponga la baja de las partidas de inmuebles que pertenezcan al dominio público del Estado Provincial”.
Pero también se instruyó a la Policía “para que ejerza todos y cada uno de los actos que sean necesarios para la defensa del derecho de propiedad y la efectiva posesión por parte del Estado de los terrenos” apropiados por los privados. Y a la vez que dio por finalizados los contratos de arrendamientos, creó un registro de productores interesados en la explotación económica de islas fiscales. Y para eso, se dictará “oportunamente” una reglamentación.
Para destacar
* En el Delta, la Provincia posee un total de 190 mil hectáreas.
* En el departamento Diamante, hay 1.200 hectáreas; en Victoria, 132 mil; en el departamento Gualeguay, son 45 mil; en Islas, 7.500 hectáreas; en La Paz, 1.800 hectáreas; en el departamento Paraná, 1.000 hectáreas; y en el departamento Uruguay, 1.500 hectáreas. La mayoría de los predios están ocupados por particulares.
* En el departamento Victoria, de las 132 mil hectáreas propiedad del Estado provincial, 50.507 están en manos privadas.
* Y en el departamento Gualeguay, de las 45 mil hectáreas, 58.500 hectáreas (más de las que hay, con lo cual un lote es pretendido por más de un particular) están en manos privadas.
