El legislador destacó el trabajo en forma articulada que se viene realizando en el ámbito legislativo con distintas organizaciones públicas y privadas: “Tenemos la posibilidad de adecuar las normativas para evitar los casos de violencia contra las mujeres en el ámbito laboral y que se quebrante así el derecho de igual remuneración por igual tarea, el hostigamiento psicológico, o las distintas formas de violencia que buscan excluir a una trabajadora de su espacio laboral, tal como lo indica la ley Nacional N° 26.485”, aclaró.
La iniciativa que fue trabajada con el aporte de la titular de la Oficina de Violencia de Género del Centro Judicial del Superior Tribunal de Justicia, Yanina Izet, considera como “violencia laboral contra la mujer” aquella que discrimina a las mujeres en los ámbitos de trabajo públicos o privados y que obstaculiza su acceso al empleo, contratación, ascenso, estabilidad o permanencia en el mismo, exigiendo requisitos sobre estado civil, maternidad, edad, apariencia física o la realización de test de embarazo.
En este sentido la norma busca evitar cualquier acción que, “por omisión o manipulación crónica, permanente, periódica, o incluso aislada, generadora de riesgo actual o previsiblemente inminente, que afecte la vida, integridad física, psicológica, emocional, sexual o la libertad de mujeres en situación de vulnerabilidad generados en el ámbito laboral, constituyan tales hechos o no un delito penal”.
Allí mismo se resolvió también dar continuidad al debate sobre la incorporación de un artículo ´que establezca limitaciones a la posibilidad de utilizar el juicio abreviado´ en caso de delitos sexuales. “Se trató el proyecto que promueve modificar el Código Procesal Penal incorporando la prohibición de otorgar juicio abreviado a los imputados por delitos contra la integridad sexual o por violencia de género, de modo que los casos de violación o abuso sexual tengan que culminar en el debate, siendo el principal escollo para avanzar en la modificación la revictimización de la víctima”, subrayó Giano. También se debatió sobre el consentimiento explícito de la víctima en caso de llegar a un acuerdo de juicio abreviado de mantenerse dicho procedimiento.
“Seguiremos debatiendo ambos proyectos en los meses de agosto y septiembre en la Comisión con la asistencia de especialistas de distintas organizaciones que aportarán al tema desde sus experiencias y disciplinas, adelantó el senador respecto de entidades como el Consejo Provincial de Prevención de las Violencias (Coprev), Consejo Provincial de Niñas, Niños, Adolescentes y Familia (Copnaf), integrantes del Superior Tribunal de Justicia, la Sala Penal de dicho cuerpo, Oficina de Género, Colegio de Abogados, referentes de los colectivos de género, entre otros.
