¿Algunos jueces no aplican una ley vigente?
A este interrogante deberá responder el Poder Ejecutivo a través de la Fiscalía de Estado. La Cámara Alta, a propuesta del representante de Colón, Mariano López, dio curso a un pedido de informes para conocer, “si es verdad que existen jueces del ámbito provincial que desconocen la vigencia de la ley 9571, declarándola inaplicable en virtud de lo dispuesto mediante acordad 20/04 del Superior Tribunal de Justicia”.
Cabe recordar que esta norma dejó establecido que “deberán excusarse de entender en el proceso, los magistrados o funcionarios judiciales que deban resolver acciones interpuestas por otros magistrados o funcionarios pertenecientes al Poder Judicial de la Provincia, sean estos activos o pasivos, que tengan por objeto reclamos vinculados con sus haberes y/o condiciones laborales, o inherentes a sus funciones; en cuyo caso corresponderá la pertinente designación de abogados de la lista de conjueces a los efectos del respectivo pronunciamiento”.
Agrega el pedido de informe que en caso de ser así, es decir que exista el incumplimiento, se requiere sea enviado a la Cámara “quienes son los magistrados”, agregando a estas actuaciones copias de las respectivas resoluciones de donde surja este hecho.
“Un grave incumplimiento”
En los fundamentos se explica que “habiendo tomado conocimiento de la posible existencia de magistrados que no aplicarían una ley vigente como es la Número 9571 y teniendo en cuenta que este hecho –de ocurrir- podría configurar un grave incumplimiento por parte de estos magistrados”, es que se decidió realizar este requerimiento al Ejecutivo.
Se indica que de ser así no se está respetando la Constitución Provincial ni la separación de Poderes, “al no aplicar, arrogándole potestades legislativas al Poder Judicial, ya que de hecho se deroga una ley a través de una acordada, siendo que la misma está en plena vigencia”.
Inmediatamente se afirma que de suceder esto, el desconocimiento de lo estipulado en la ley, aparece un hecho “susceptible de ser sancionado por el Jurado de Enjuiciamiento”.
El legislador que impulsó la iniciativa, acompañada por el pleno del Cuerpo, sostuvo que “hay una preocupación lógica, ya que quienes son los encargados de cumplir y hacer cumplir los preceptos constitucionales y legales, sean quienes pudieran estar violando los mismos”.
Ayuda para la cooperativa eléctrica de Colonia La Esperanza.
Esta zona del departamento Nogoyá fue afectada por un fuerte temporal el 31 de enero de este año. Cayeron, según dio cuenta el Senador, alrededor de doscientos postes de media y alta tensión. En estos momentos se está prestando el servicio de electricidad pero no en las mejores condiciones.
Para Orlandi se deben analizar en forma detenida, por parte de la Secretaría de Energía, todo lo acontecido y los daños producidos, cuya reparación demanda una fuerte erogación que la cooperativa no está en condiciones de afrontar. Además, si no se realizan todas las reparaciones se corre riesgo que pueda verse interrumpido nuevamente el servicio.
Comentó el legislador nogoyaense que hoy, en horas de la tarde, se reunió con representantes de la cooperativa y que de inmediato se enviaron detalles de lo acontecido al Ejecutivo.
