La Argentina estará representada por la embajadora, Susana Ruiz Cerutti, la consejera Legal de la Cancillería ; los dos co-agentes argentinos ante la Corte : el Embajador Horacio Basabe, el ex Consejero Legal de la Cancillería y actual Director del Instituto del Servicio Exterior de la Nación (ISEN), además de negociador argentino del Estatuto en los años ’70; y el Embajador argentino ante el Reino de los Países Bajos, Santos Goñi Marenco. Junto a ellos estará, como en las anteriores audiencias, el Secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación , Homero Bibiloni.
Asistirán también los abogados que asesoraron a la Argentina durante toda la controversia, los doctores Marcelo Kohen (argentino, profesor del Instituto de Altos Estudios Internacionales de Ginebra), Alan Beraud (argentino, ex Consejero Legal de Cancillería y diplomático de alto rango en la Embajada argentina ante la UE ), Alain Pellet (francés), Philippe Sands (inglés), Laurence Boisson de Chazournes (francesa), y Daniel Müller (alemán), además de los miembros de la Consejería Legal de la Cancillería que forman parte de la delegación argentina ante la Corte.
La Corte Internacional de Justicia (CIJ) es el principal órgano judicial de las Naciones Unidas. Está compuesta de 15 jueces electos por un término de nueve años. Los candidatos deben ser juristas calificados en derecho internacional y la composición de la Corte debe reflejar las principales formas de civilización y sistemas jurídicos del mundo. Están obligados a mantener la confidencialidad de las deliberaciones. No puede haber más de un juez de la misma nacionalidad.
Como ni Argentina ni Uruguay poseían un juez de su nacionalidad al iniciarse el caso por las plantas de celulosa, cada uno nombró un juez ad hoc. La Argentina designó al Dr. Raúl Vinuesa (de nacionalidad argentina), y Uruguay nombró al Dr. Santiago Torres Bernárdez (de nacionalidad española). Los jueces ad hoc están sometidos a las mismas obligaciones que los jueces permanentes. Las sentencias de la Corte son finales e inapelables. Los Estados se han comprometido por la Carta de la ONU a cumplir las sentencias.
