El matrimonio integrado por Griselda Vilma Monzón y Miguel Ramón Ayala hace 16 años que se radicó en Concepción del Uruguay, buscando un lugar para criar a sus hijos “con mayor seguridad que Buenos Aires”, en donde residían antes.
Desde tiempo atrás, los Ayala poseen un kiosco en la Peatonal, donde aquel jueves de enero habían dejado a cargo a su hija menor, de 17 años. Ese mismo día, un integrante de la Policía de Entre Ríos que cumplía servicios en la Peatonal, aprovechando la confianza previa con la chica, abusó sexualmente de ella, según la denuncia formulada contra el uniformado, causándole una brutal lesión de 6 centímetros en su zona vaginal interna y la pérdida de alrededor de dos litros de sangre. A la lesión –un “desgarro de fondo de saco vaginal derecho de 6 centímetros”, según consta en el informe del médico forense, que forma parte de las actuaciones– hay que sumarle las consecuencias psicológicas en la joven, que hoy se encuentra en tratamiento con profesionales del Hospital Rivadavia de la ciudad de Buenos Aires.
EL HECHO
El insólito hecho ocurrió en la mañana del 22 de enero de este año, cuando el policía en cuestión cumplía servicio en la Peatonal de Concepción del Uruguay, en pleno centro de la ciudad. Allí se encuentra el pequeño kiosco de los Ayala, en donde su hija menor estaba atendiendo al público. Según el testimonio de la menor, el uniformado le hizo saber que estaba armado y la hizo subir al entrepiso del kiosco, donde se produjo el hecho. Los informes que obran en la causa hablan de “la gran diferencia de contexturas físicas entre uno y otra”. La menor asegura que le pidió al uniformado que se detuviera cuando éste la penetró, pero que a la súplica le siguió una mayor violencia por parte de aquel. Cuando al fin pudo sacarse de encima al hombre, la joven advirtió “una importante hemorragia en su zona vaginal”.
Después de reiterados pedidos, y recién cuando vio que la pérdida de sangre era notoriamente abundante, el policía llamó a un remise desde un teléfono público ubicado en la Peatonal. Mientras aguardaban el remise, la joven asegura que el policía le indicaba que si alguien –el médico del hospital o cualquier otra persona– preguntaba qué había sucedido, dijera que “pasó un chico que le gustó y lo invitó a subir”, e incluso le sugirió algunos nombres a los que podía culpar.
TRES VERSIONES EN MINUTOS
El propio policía fue quien llevó a la chica al Hospital Urquiza, unas dos horas después, cuando la menor comenzaba a perder el conocimiento por la hemorragia. En el medio, el uniformado fue capaz de inventar tres explicaciones diferentes (al remisero que los llevó, a una amiga y al hermano de la víctima) para deslindar su responsabilidad. También permaneció a su lado mientras la joven era atendida en el Hospital, asegurándose de que no revelara lo sucedido.
La denuncia dio origen a una causa a cargo de la jueza Marta Cristina Bonifacino por “Abuso sexual con acceso carnal agravado” contra el policía, un hombre de 23 años, oriundo de Gualeguaychú, que hace pocos meses se desempeña en Concepción del Uruguay. El uniformado, además, es padre de una niña que reside en su ciudad de origen.
LA CULPA ES DE LA VÍCTIMA
Como sucede en muchas oportunidades, los mecanismos de culpabilización de la víctima –habituales en las prácticas corporativas de las instituciones de seguridad– también parecieron funcionar en esta ocasión. En los ámbitos policiales y judiciales se narran distintas versiones exculpatorias del funcionario policial, que pretenden justificar el hecho. En realidad, argumentan, “era la noviecita, hace rato que salían”. También, sueltos de cuerpo, que “a la causa la inventaron los padres”, una versión que la jueza Bonifacino parece suscribir cuando en su fallo refiere que la víctima “inicialmente no quiso formular ningún tipo de denuncias… para luego abruptamente, ya en su domicilio particular, manifestar lo contrario, circunstancia que motivara la radicación de la denuncia por parte de su progenitor”. No es tan “abrupto” ni extraño el episodio si se tiene en cuenta que la chica, “inicialmente”, estaba en el Hospital sola, en la única y vigilante compañía del acusado del hecho…
“Es de manual”, le dijo un abogado a DIARIOJUNIO : “La víctima de una violación, lo primero que quiere es esconderse, porque se avergüenza de lo que sucedió y suele autoculpabilizarse. Lo increíble es que la jueza utilice esto como argumento”.
En efecto, se trata de la versión machista de la historia, que llama la atención por provenir de una jueza mujer. No es el único prejuicio en cuestión.
La madre de la menor, Griselda Monzón, señaló que la mujer policía que la recibió le dijo que «debía resignarse”, que “así son los chicos de ahora” y hasta le propuso mediar para que el uniformado reparara lo ocurrido restableciendo la relación. Una propuesta con tintes macabros. “Quién le dice, tal vez hasta se pongan de novios y se casen”, fue la propuesta de la oficial de la Policía de Entre Ríos. La madre llora cuando se lo cuenta al cronista.
CRITERIO “ARCAICO Y SUBJETIVO”
Tres días después del hecho, el 25 de enero, la jueza Bonifacino ordenó la detención del imputado. Pero el 11 de febrero decidió su inmediata libertad, por “Falta de mérito”, entendiendo que las pruebas son insuficientes para procesarlo. El fallo de la magistrada se basa en que la menor, al principio del hecho, manifestó que la relación sexual fue consentida y denunció el hecho recién después de salir del Hospital, cuando se encontró a solas con sus familiares. También alega la jueza que posiblemente la menor denunció al policía por presión de sus padres. Bonifacino no aguardó los resultados de las pruebas biológicas para liberar al policía, pero además, en los fundamentos de su fallo, deja traslucir algunos conceptos que el abogado de la familia, Alejandro Bulay, califica como “arcaicos y prejuiciosos”, ya que rozan la culpabilización de la víctima.
Entre otras cosas, la doctora Bonifacino “parece más interesada en la historia sexual de la menor víctima que del hecho objetivo”, escribió el abogado Bulay en su apelación, afirmando que no tiene ninguna importancia si la víctima era virgen o no, si tuvo relaciones sexuales anteriores con una persona o con veinte, ya que “lo que debe investigarse aquí es si la relación que mantuvo el imputado con la víctima fue con su consentimiento o no”. Con el criterio de la jueza, al que califica como “arcaico y subjetivo”, sólo se arriba a un prejuicio contra la menor. “Con este criterio –concluye el abogado– las meretrices no podrían ser víctimas de violación y ello es descabellado”.
EN MANOS DE LA CÁMARA
El abogado de la familia Ayala apeló la resolución de la jueza Bonifacino. Ahora la Cámara de Apelaciones de Gualeguay es el organismo que deberá resolver sobre el tema.
La Cámara está integrada por Mario Enrique Lafourcade, Antonio Rolando Cirigliano y Alberto Javier Seró. El expediente completo está ahora en manos de esta instancia, que en los próximos días deberá resolver si confirma la falta de mérito dictada por la jueza Bonifacino o si dicta el procesamiento del imputado, ordenando su inmediata detención. “NOSOTROS ÉRAMOS FELICES”Griselda Monzón de Ayala se emociona y sus ojos se llenan de lágrimas cuando dialoga con el periodista. “Nosotros éramos felices –dice– Y esto nos arruinó la vida”. Es una mujer humilde, que manifiesta su respeto por la justicia y por las instituciones, y asegura que jamás pensó que algo así podría pasarle a una hija suya.“Mi hija nunca pensó que esta persona podía hacerle daño, una persona que está para cuidar a la sociedad… Eso es lo peor. Yo creo en la justicia, y no quiero que esto le vuelva a pasar a nadie. Yo había venido a esta ciudad con la ilusión de quedarme para siempre, pero mire lo que nos pasó…”, dice Griselda Monzón de Ayala. “Yo no quiero venganza, quiero justicia. Que este señor pague lo que hizo, y que no se lo pueda hacer a nadie más”. La madre de la joven cuenta que el policía fue al kiosco “a pedirme perdón, y para que vayamos a la Jefatura, que íbamos a arreglar todo. Yo no quise ir, le dije que si hay un Dios va a haber justicia”. También dice que “mi hija tiene miedo, ve un policía y tiembla. Yo le explico que por una persona no se puede acusar a toda la institución. Pero la institución también tiene que actuar distinto, no proteger a personas como éstas…” ______________
UNA JUEZA CUESTIONADA
La jueza Bonifacino ya había sido cuestionada fuertemente un año atrás, cuando en la ciudad se produjo una tragedia automovilística en la que perdió la vida el remisero Juan Carlos Cirulli. El hombre fue atropellado en la madrugada del 15 de febrero de 2003 en la esquina de uno de los pubs más concurridos de la ciudad por un vehículo conducido por jóvenes de familias “de apellido” en Concepción del Uruguay. Pero la jueza Bonifacino excarceló al joven conductor del vehículo que acabó con la vida de Cirulli. Pocos meses antes otro trágico choque había costado una vida, y el conductor del automóvil causante de ese hecho continuaba preso cuando se produjo el episodio de Cirulli. En aquel caso la decisión había sido de la jueza María Cristina Calveyra, otra magistrada con fuertes cuestionamientos.
La indignación ante “las varas diferentes” usadas en casos similares provocó marchas de protesta de los remiseros –que se solidarizaron con su compañero– y algunos acontecimientos insólitos: por ejemplo, la protesta remisera en la puerta del tradicional diario La Calle, que en su cobertura periodística había intentado culpar del accidente a la víctima fatal. Otro hecho insólito fue que Calveyra salió públicamente a defender la decisión de su colega, aclarando –según su óptica– las semejanzas y diferencias de ambos casos.
