Diputados sancionó la ley “anti fondos-buitres”

Si bien la ley que ayer sancionó la Legislatura no lo expresa textualmente, propone “preservar” a empresas privadas o privadas con participación estatal concesionarias de servicios públicos de eventuales “maniobras de especulación” de personas, físicas o jurídicas, o de algún fondo financiero, sobre todo cuando el accionar sea un “bloqueo” para procesos de “reestructuración empresarial”.
La nueva ley establece que las empresas incluidas en los alcances de la norma, que podrían ser absorbidas por un fondo buitre, deberán presentar ante el Ministerio de Economía un informe sobre “tenencias accionarias” o “composición del pasivo”, detalles de los acuerdos en el caso de que estuvieran en concurso preventivo, y, entre otros puntos, establece la necesidad de informar “si son objeto de operaciones hostiles de control”.
Toda esa información deberá ser presentada en un plazo de 30 días posterior a la sanción de la ley, y renovarla bimestralmente.
La letra parece dirigida especialmente a frenar las posibles maniobras de Ashmore. Se trata de un fondo de inversiones denominado “buitre” que posee una participación importante del pasivo de la Empresa Distribuidora de Electricidad de Entre Ríos SA (Edeersa), calculado en 104 millones de dólares. El temor radica en que el fondo podría quitarle al Gobierno el control de la distribuidora con sólo ejecutar ese pasivo impago.
En ese aso, se entorpecería el proceso de transferencia de la mayoría accionaria de Edeersa a un nuevo operador, hecho que debería ocurrir a mediados de abril próximo, una vez que finalice el proceso de licitación del 51 % de las acciones clase A.
La aprobación en Diputados contó con el acompañamiento del bloque oficialista, del radicalismo, que sólo votó en general, y la negativa de los diputados del Nuevo Espacio, que propician una iniciativa alternativa a la privatización.
El presidente de la bancada radical, Fabián Rogel, señaló en el recinto que “no es correcto que la ley avance tratando de regular la concesión de los servicios públicos municipales, puesto que esta tentativa podría ser calificada de inconstitucional”.