Schvartzman dijo estar conforme con lo logrado para el capítulo de Ambiente, “luego de tanto trabajo en busca de consenso”. El vicepresidente del bloque del PS-CC subrayó el concepto de Licencia Social que propuso, finalmente contenido en el despacho, ya que “se reconoce el derecho de los ciudadanos de emitir su opinión acerca de la conveniencia de la realización de una obra pública o privada que pueda tener impacto en el medio ambiente que, en definitiva, terminará afectando la calidad de vida de los ciudadanos”.
En el despacho, “la participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones que afecten derechos ambientales” figura como parte de los instrumentos de la política ambiental del Estado provincial.
El dictamen se produjo el lunes en la sesión que se desarrolló conjuntamente entre las comisiones Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable; y la de Nuevos Derechos y Garantías de la Convención Constituyente.
En la sesión se analizaron más de 60 proyectos presentados por convencionales y por la sociedad civil, además de reuniones con especialistas sobre la temática, como Horacio Rosatti, Daniel Sabsay, Jorge Daneri, Alberto Dalla Vía y Marcelo López Alfonsín, para llegar a consensuar el dictamen final.
Finalmente, luego de más de treinta días de tratamiento en la comisiones por separado y conjuntamente, además de los encuentros enumerados anteriormente, se logró acordar el texto final, aunque quedaron aportes pendientes que serán tratados en el pleno, donde podría haber cambios, aunque mínimos, en la redacción de algunos artículos.
De ahora en más, la Constitución Entrerriana constará de un artículo que establece que el ambiente es “patrimonio común de todos los habitantes de la provincia, quienes gozan del derecho a vivir en un ambiente sano y equilibrado, apto para el desarrollo humano, donde las actividades humanas sean compatibles con el desarrollo sustentable, mejorando la calidad de vida y satisfaciendo las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras”.
El Estado provincial deberá fijar la política ambiental y garantizar la “aplicación de los principios de sustentabilidad, precaución, equidad intergeneracional, prevención, utilización racional, progresividad y responsabilidad, correspondiendo a los municipios dictar las normas pertinentes de acuerdo a sus competencias”. Para ello, se estableció que un “órgano de Ambiente y Desarrollo Sustentable que tendrá a su cargo el diseño y aplicación de la política ambiental”.
Entre otras cuestiones, se establecieron normas para diversas cuestiones: áreas protegidas, agua, bosque nativo, suelo, política de tierra, etc.
