En la presentación los funcionarios manifiestan que “Víctor Montiel, en su carácter de director general de Turismo de la provincia habría llevado a cabo la contratación directa, sin el decreto previo respectivo”.
Los abogados manifiestan creer que “el funcionario actuó a sabiendas de su contrariedad con la normativa reglamentaria de la Ley de Contrataciones del Estado. El decreto que reglamenta una Ley, constituye ley, en el sentido exigido por la figura del abuso de autoridad, prevista por el Código Penal Argentino”, dicen los denunciantes.
Por otra parte, según Pedemonte y Rodríguez Allende, Víctor Montiel se encontraba “en perfectas condiciones de cumplir con las exigencias legales y sin embargo decidió voluntariamente proseguir con la contratación, sin el decreto previo respectivo”.
De esta manera los funcionarios de la Oficia Anticorrupción coinciden con el informe del Tribunal de Cuentas que expresa que “la contratación de medios de comunicación con el fin de publicar actos de gobierno podrá efectuarse por el mecanismo de la contratación directa por vía de excepción, con la pertinente autorización previa dada por el Poder Ejecutivo”.
