“El pasado 4 de diciembre se detiene a un joven Eric Valdez el cual, a pocas horas de ingresar a la 2°, según el primer parte oficial se produce su deceso y la causal, según partes oficiales, habría sido un ahorcamiento”, dijo Gallo.
“Después de largas horas se le comunica a su familia tal situación tan dramática, conforme dichos del abogado de la familia con el cual pude conversar, desde donde se estaba produciendo el cadáver para el velorio, se le comenta que había señales de golpes y se los llama a los familiares a que vengan a observar el estado en el que estaba el cuerpo”, indicó. “A raíz de eso se produce una duda respecto del causal de muerte y se hacen las correspondientes denuncias en la Justicia”, añadió Gallo.
“Es un hecho gravísimo y por eso se han manifestado organismos de derechos humanos y se han realizado denuncias por parte de los abogados de los familiares. Quienes han realizado marchas y demás han recibido amenazas por parte de funcionarios policiales que están siendo investigados”, indicó el edil del PJ.
Gallo sostuvo que lo sucedido en Concordia, que acontece también en otras ciudades, no debe ser naturalizado ni pasado por alto como una noticia más. “Este joven era muy querido. Incluso fue delegado sindical en su trabajo. Por lo cual significa que los compañeros lo eligieron para que defienda sus intereses”, dijo.
En otro párrafo, el edil dijo que, en el mejor de los casos, los funcionarios policiales actuaron con negligencia ya que no le quitaron los cordones para que no intentase quitarse la vida. No obstante, Gallo reclamó al Poder Judicial más celeridad en la investigación. “Nosotros como funcionarios, independientemente de los diferentes estamentos estatales, necesitamos que el Poder judicial resuelva esta situación. No solo por los familiares sino también por los ciudadanos que empieza a hacer una escalada de desprestigio contra la institución policial, contra el poder judicial y contra el mismo Estado”, señaló.
El edil recordó que hubo concejales que participaron de marchas hacia Tribunales para reclamarla a la Justicia local más ahínco en su trabajo en el caso de la docente jubilada asesinada en su casa Teresita Galli. No obstante, Gallo remarcó que este caso es más grave aún dado que se señala “como posibles culpables a quienes tienen la misión de resguardar la seguridad de todos como es la policía”.
En tanto, su compañera de bloque Lía Solís (PJ) pidió que no se deje pasar por alto esa situación. “Hace una semana estábamos declarando al Ejército como espacio de detención clandestina, de tortura y aprehensión ilegal”, indicó.
“Debemos tener en claro que cuando la policía apunta, es el Estado el que está disparando; cuando la Policía golpea, es el Estado el que está reprimiendo. Y eso no lo podemos permitir en el sentido de defender la democracia. Por eso no podemos dejar pasar por alto esto dado que es posible que algunos funcionarios de la fuerza policial continúen con estas prácticas irregulares y clandestinas, contrarias a los Derechos Humanos”, señaló Solís.
Rechazo opositor
No obstante, el concejal Felipe Sastre (JxC) devolvió gentilezas al PJ al recordarle qué cuando presentaron un proyecto para que el gobierno provincial intervenga el Copnaf por denuncias de abusos a menores de edad. El proyecto fue rechazado desde el bloque del oficialismo con el argumento que no podían inmiscuirse en investigaciones judiciales en cursos. “Y mucho menos pedir al gobierno provincial que intervenga de tal o cual manera”, indicó. “Hoy es noticia en los diarios locales que tiene sentencia la causa del responsable del Copnaf acusado de corrupción de menores”, indicó.
Por ello, Sastre remarcó al PJ la falta de coherencia teniendo en cuenta que antes pedían prudencia antes de emitir una opinión. “Ahora está investigando la fiscal Rivoira. Se están llevando adelante las pesquisas y será la Justicia la que determine lo que ha sucedido. Le pedirá al oficialismo que sea coherente”, señaló.
Al menos, Carola Laner (JxC) dijo que el bloque se sumaba al pedido de justicia de una familia que “necesita saber que pasó”. Pero, a renglón seguido, dijo que cualquier manifestación desde el Concejo es “imprudente” e “irresponsable”. “Como mínimo desconocemos el expediente y lo que hemos escuchado es a través de los medios de comunicación sin ningún tipo de dato fehaciente sobre lo que ha sucedido”, indicó. “Como he escuchado a la ministro (Rosario) Romero, lo más serio que se puede hacer es escuchar y dejar trabajar a la Justicia”, señaló.
No obstante, Gallo les respondió que no creía que el Poder Judicial se sienta condicionado por una manifestación del Concejo. “No implica una intromisión, no implica coartar la libertad del poder judicial. La dilatación puede traer un desprestigio a la fuerza policial”, señaló. Respecto de las dudas de los ediles de JxC sobre la falta de acceso al expediente, Gallo recordó que se reunió con el abogado de la familia y fue el quien recomendó que se dieran a conocer las fotos que demuestran el estado en el que estaba el cuerpo del joven para que la causa tome notoriedad pública.
“No estamos acusando a nadie, simplemente estamos pidiendo el esclarecimiento, el resguardo de las instituciones”, dijo Claudia Villlaba (PJ). “Una madre toma la mano de su hijo cuando está siendo velado y ve que está ultrajado su cuerpo y sino hubiese sido por esa madre, ese cajón estaba cerrado y enterrado. Entonces nosotros por lo menos, que hacemos manifestaciones políticas, se nos debe permitir acompañar y apoyar a esos familiares que entienden que hay situaciones que ponen en riesgo el cumplimiento de las garantías constitucionales. Vamos a acompañar para que la verdad salga a la luz sin sospechar ni poner en cuestionamiento pero no vamos a claudicar en el pedido de justicia de este concordiense que ya no está entre nosotros”, dijo el presidente del bloque de concejales del PJ Gastón Etchepare.
El texto aprobado
“Según declaraciones de familiares, a más de una semana del hecho, no existen certeza de la causal de la muerte, La demora en la dilucidación de lo sucedido implica un desprestigio de las instituciones policiales, judiciales y administrativas, lo cual debilita a nuestro sistema democrático y genera angustia y dolor”, señaló.
“Las dudas surgen porque hay claros indicios de que el joven sufrió vejámenes de todo tipo sobre su cuerpo y la familia fue informada horas después de lo sucedido. Existen motivos fundados para iniciar una investigación con el propósito de establecer si existieron apremios ilegales o torturas contra el joven. Y si, en tal caso, esas prácticas provocaron la muerte del joven”.
“La aplicación de torturas de parte de agentes estatales como así también la imposición de condiciones inhumanas y el uso abusivo del poder coercitivo estatal entre otras prácticas de violencia institucional resultan lesivas para la integridad, la dignidad y la vida de las personas al mismo tiempo que conforman practicas violatorios de los derechos humanos qué afectan la vigencia plena del Estado democrático de derecho”.
La resolución fue aprobada por mayoría simple: los siete ediles del PJ votaron a favor: Lía Solís, Juan Domingo Gallo, Gastón Etchepare, Alicia Maldonado, Pablo Bovino, Claudia Villalba y Cristina Guitar –Nueva Concordia- Los cinco de JxC rechazaron el proyecto: Luciano Dell Ollio, Elizabeth Redolfi, Carola Laner, Magdalena Reta y Felipe Sastre.
