Previa escala en Capital Federal, el doctor Busti tenía previsto viajar hoy a Brasil, para regresar el 17 de enero. Para esa ocasión, tiene agendado un par de asuntos en lista de espera pero uno en especial: la estancada negociación para la firma del Programa de Financiamiento Ordenado. En el presupuesto 2005, la Provincia instaló una expectativa mínima de asistencia: 131 millones que, en rigor, es menos de la mitad de los vencimientos que se producirán en este ejercicio, que en total hacen 310 millones. El caso es que para el Ministerio de Economía de la Nación, el monto no debiera ser superior a los 84 millones. La diferencia surge por una razón sencilla: los equipos que responden a Roberto Lavagna consideran que las deudas originadas por juicios contra el Estado no son un problema que le incumba al PFO. Utilizando el diccionario al que recurren los técnicos, la discusión está planteada en torno a los conceptos computables.
La situación se tornó tirante a tal punto que el doctor Jorge Busti le pidió telefónicamente al presidente Néstor Kirchner que intervenga. El Mandatario santacruceño accedió a interiorizarse en el tema, pero una vez que el entrerriano esté de vuelta de sus vacaciones. “El Presidente prometió su intervención personal, antes de viajar a Santa Cruz para las fiestas de fin de año”, dicen que tranquilizó Busti a sus allegados, cuando abordó el tema antes de salir de vacaciones.
También para esa época, puede que se produzcan avances en otros frentes. Al menos esa es la expectativa del doctor Busti. Se trata de dos programas que procurarán incentivar el crecimiento y consolidación de las Pymes, a partir de la incorporación de tecnología, aunque por estas horas no son más que buenas intenciones volcadas a distintos borradores que le acercaron al Gobernador. Se trata del subsidio de tasas de crédito por un lado y, por el otro, la disminución del aporte con que se sostiene la pensión para indigentes creado por ley 4035.
Proyectos
El primero de los proyectos está siendo diseñado por la Secretaría de la Producción y pretende que, mediante un acuerdo con el Nuevo Bersa, la entidad bancaria disponga de una masa de 50 millones para préstamos que oscilen entre los 100.000 y 150.000 pesos, para empresas de todo tipo. Para el Gobierno, el esquema cierra si, por ejemplo, el banco accede a proponer una tasa del 10 % anual y la Provincia absorbe el 30 % de los intereses en juego, con lo que las empresas debieran afrontar un recargo sobre el capital igual al 7 % anual. La devolución se produciría en cuatro años, con uno de gracia. Un cálculo grueso y elemental permite advertir que, si el proyectos pasara del dicho al hecho, se financiaría medio millar de emprendimientos.
El segundo proyecto es una de las demandas permanentes de los empresarios, pero sobre todo del Consejo. Consideran, palabras más, palabras menos, que la suma que se necesita para cubrir la erogación al Estado no le significa demasiado, mientras para el titular de las firmas el impacto es más que relevante.
En la última audiencia con Busti, el tema volvió a ser planteado y el mandatario se comprometió a estudiar el tema. A eso están abocados los equipos de Rentas y el propio ministro de Economía, Diego Valiero, pero operativamente se está lejos aún de poder anunciar algo en concreto. Está claro que todo lo que se resuelva en esta materia debe contar con una partida reemplazante porque la pensión 4035 seguirá funcionando. “Sería una rebaja sustancial”, confió un funcionario de consulta permanente del Gobernador, que no se animó a brindar mayores precisiones.
Fondos afectados
El subsidio de tasas es un instrumento que supo estar vigente en la anterior gestión de Busti, a partir del Finver. El mecanismo allí era distinto, en tanto y en cuanto se llamaba a licitación de bancos que estuvieran dispuestos a ofrecer créditos dentro de cierta tasa de interés.
Así, había varios prestamistas disponibles aunque, justo es reconocerlo, el mercado financiero era otro, menos concentrado que el actual. Lo relevante del proyecto es que al intervenir una entidad financiera obliga a la presentación de proyectos sustentables por un lado y, además, el interesado debe ser un sujeto de crédito: cumplir con ciertas exigencias que le den seguridad de cobro a lo acreditado.
Justamente esto es lo que no se tuvo en cuenta en el Gobierno anterior, con la refinanciación de deudas de productores: el remedio permitió salvar literalmente a numerosas cooperativas, la verdad sea dicha; pero también dejó el camino expedito para que un puñado de especuladores saquen ventaja y le transfirieran la carga al Estado, que había salido de garante.
