Benítez indicó que quiere viajar a Concepción del Uruguay para mantener una reunión con el juez federal. Para ello, está invitando a los integrantes de instituciones intermedias como Conciencia Animal y otras interesadas en participar.
El edil dijo que es importante que los jueces comprendan el sustento que tiene la norma sancionada a fines de 2016. “Esta ordenanza tiene una historia. Empezó con una asamblea publica con instituciones participantes y tendrían que conocer el sentido y el pensar de instituciones intermedias como Conciencia Animal, la Asociación de Clínicas y Sanatorios y la Asociación de Padres de Chicos Autistas que han dicho que quieren vivir en una ciudad sin pirotecnia”, señaló.
“Queremos que el juez sepa que tenemos derecho a vivir en un ambiente sano, en donde no se moleste a los animales y también que se trata de una situación de respeto a la salud del semejante”, indicó. Por eso, hizo hincapié en la cantidad de accidente que produce el manejo de los artefactos de pirotecnia.
Asimismo, sostuvo que un fallo contrario a la potestad municipal de legislar sobre la materia sería contraproducente dado que repercutiría en otros temas ligados al medio ambiente. Sin ir más lejos, el edil indicó que presentó un proyecto para prohibir la aplicación de glifosato en todo el ejido de la ciudad. “Los concejales pensamos legislar en el futuro pero si la municipalidad no tiene competencia, no podríamos legislar sobre esa materia”, indicó. “Lo que se discute en Concepción es si los concordienses tenemos o no derecho a legislar sobre lo que se puede hacer o no en la ciudad”, dijo.
Más adelante, sostuvo que la potestad a la salud, a un medio ambiente sano y a la protección de la infancia están por encima del artículo 14 bis que legisla sobre el derecho a trabajar y ejercer toda industria licita al que se aferran los comerciantes.
Además dijo que acompañaran la presentación con fallos como el de las plazas de toros en Buenos Aires cuando aún se realizaban este tipo de actividades a fines del siglo 19. La empresa a cargo de esos espectáculos alegaba el derecho al trabajo pero la Corte Suprema señaló que las provincia son las que tienen el poder de policía para decidir la actividad y el gobierno bonaerense había decidido que esa actividad no se podía ejercer. “Acá está en juego no solo el bienestar de los animales sino también el de los seres humanos”, añadió.
