La abogada explicó que las denuncias quedan en eso dado que no hay ningun progreso en las causas. Por ello, se produce una enorme cantidad de reincidencias. “Creemos que en parte es por eso”, indicó. «La necesidad de abogadas o abogados es tanto en las cuestiones que se tramitan en sede civil como la reparacion del daño causado y otras cuestiones patrimoniales que se tienen que resolver en el ámbito civil», indicó. «Lo mismo se necesita con las querellas penales. Tanto en las causas de abuso sexual como lesiones o daños a la propiedad o amenazas también tienen que querellarse. Eso implica una participación de parte de la víctima y para eso se se necesita abogado o abogada querellante que lleve adelante ese proceso», indicó.
Además consignó que hacen falta los abogados de parte debido a las complejidades para recabar o analizar algunas pruebas. Y si el hecho no es reciente, es complejo establecer las pruebas como las heridas defensivas en casos de abuso sexual o de lesiones en caso de violencia. “Esa complejidad hace que haya que tenga que haber un abogado o abogada de parte querellante para poder impulsar las causas”, indicó. Lo mismo en el caso de demandas civiles cuando hay hechos de violencia intrafamiliar. “Si eso no se resuelve, entra en un circulo vicioso y queda como en la nada que es lo que sienten las mujeres víctimas de violencia”, señaló.
Asimismo, Zalisñak indicó que, “cuando se incumplen las medidas cautelares, no se vinculan a la causa específicamente. Hay un incumplimiento de una orden judicial”. “Eso se trata de otra manera y en general no se le da mucha bolilla”, dijo. “Es algo que está ocurriendo y es preciso generar mayores dispositivos de protección con miras a la resolución del fondo de los problemas”, indicó.
“Es algo que venimos planteando desde hace mucho tiempo. Desde antes de hacerme cargo del Área de la Mujer en la municipalidad. Lo planteamos con el Partido (Humanista) a los concejales y concejalas en su momento cuando estaba Bordet”, indicó. Además señalo que desde los Juzgados de Familia también fue solicitada la creación de ese cuerpo pero no ha habido respuestas hasta la fecha. “Nos parece que es impostergable”, dijo.
La próxima semana entregarán un proyecto al Instituto de Investigación para la Igualdad de Género de la seccional Concordia del Colegio de Abogados de Entre Ríos. “Ojalá haya funcionarios que se interesen para poder trabajar en conjunto. Siempre es interesante que quienes están en la funcion pública nos den su parecer, su mirada, sus formas mas eficaces de implementación. Por lo pronto, lo vamos a trabajar desde allí”, remarcó.
La ley nacional N° 27.210 crea el Cuerpo de Abogadas y Abogados para Víctimas de Violencia de Género, en el ámbito de la Secretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, “el que tendrá como misión garantizar el acceso a la justicia de las personas víctimas de violencia de género en consonancia con las prescripciones de la ley 26.485 de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales y hacer efectivo el ejercicio y goce de los derechos consagrados en ésta y otras normas relacionadas con la problemática”.
En el artículo 2° del mencionado proyecto de ley establece que sus funciones son: “a) Brindar patrocinio jurídico gratuito y asesoramiento legal integral en todo el territorio nacional a personas víctimas de violencia de género en todos sus tipos y modalidades establecidas en la ley 26.485 así como la ejercida por razones de identidad de género u orientación sexual de modo de garantizar su acceso a la justicia de manera oportuna y efectiva, b) Desarrollar mecanismos de coordinación y cooperación con otros organismos del Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y el Ministerio Público de la Defensa y Fiscal, sean éstos de jurisdicción nacional, provincial o local, a fin de brindar una respuesta eficiente, tanto en sede administrativa como judicial”, etc.
