En este sentido, el jurista recomendó: "Ni la más mínima violencia como respuesta. Esa debe ser la consigna. Seguir protestando cuando corresponde, pero aguantar de pie. No cortar calles ni rutas, dejar pasar los vehículos, ocupar una parte nada más. No dar pretexto a la criminalización".
Respecto a los decretos de necesidad y urgencia que estuvo sacando el presidente Mauricio Macri, el juez los tildó de inconstitucionales.
"Las autoridades democráticas pueden hacer muchas cosas. Pueden elegir hacer unas cosas y no hacer otras. Esto se llama política.Pero lo que no pueden hacer es justamente 'cualquier cosa' y menos invocar necesidades que no existen. El sentido común es el que señala cuándo algo es racional aunque no me guste. Y cuándo no lo es, aunque me guste. La necesidad y la urgencia no se inventan: deben responder a realidades. No se pueden invocar cuando alguien tiene ganas de hacer lo que le gusta. Si con el mismo criterio se manejarán en el futuro, me temo que puedan invocar la urgencia a los efectos de aplicar el artículo 23 de la Constitución (la potestad del Presidente de establecer el estado de sitio y suspender garantías constitucionales)".
Zaffaroni llamó al campo popular y al campo jurídico a pensar en las instituciones al remarcar: "Debemos ser profundamente autocríticos con algo que falla. No nos hemos ocupado de las instituciones. No les dimos pelota. El campo popular no pensó en eso y el campo jurídico tampoco, y no sé cuál es más responsable de los dos. Los políticos tienen la disculpa de que su actividad es sumamente competitiva, propia del día a día, pero los juristas tenemos el deber de pensar porque estamos más lejos de la competencia cotidiana
Por último, señaló: "No podemos confundir una democracia republicana con una democracia plebiscitaria. Si las confundimos llegaríamos a la conclusión de que Hitler y Mussolini eran demócratas. No es así: el que gana debe respetar a la minoría, porque debe dejar intangible el derecho de la mayoría a cambiar de opinión. Y esto debe estar establecido claramente en una ingeniería institucional que impida que la mayoría coyuntural haga cualquier cosa.
"Esto que está pasando nos pone sobre el tapete la realidad de que no tenemos la mejor Constitución del mundo, sino un texto de 160 años remendado a los ponchazos, en forma inconstitucional en 1957 y en forma constitucional en 1994, pero con urgencia para garantizar una reelección, sin mayor reflexión institucional ni valorización del parlamentarismo, por ejemplo. Hoy pagamos las consecuencias. Por eso digo que el campo político popular debe hacer su autocrítica. Es indispensable", concluyó.
