El 12 de junio es una fecha que no olvida Domingo Daniel Rossi. En 2006, un tribunal le bajó el martillo y lo condenó a tres años de prisión condicional, ocho de inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos, le ordenó el pago de una multa de 90 mil pesos y le impuso la realización de tareas comunitarias en una escuela de Santa Elena. El delito que se le imputó fue “enriquecimiento ilícito”. El imaginario común dice que a Rossi lo condenaron “por ladrón”.
Pero el ex vicegobernador y ex intendente de Santa Elena contraataca, asegura que ya pagó y que cuando se cumplan cuatro años del dictado de aquella sentencia condenatoria reclamará la restitución de sus “derechos y capacidades” como ciudadano invocando el artículo 20 del Código Penal, que establece que “el condenado a inhabilitación absoluta puede ser restituido al uso y goce de los derechos y capacidades de que fue privado, si se ha comportado correctamente durante la mitad del plazo de aquella (…) y ha reparado los daños en la medida de lo posible”.
Mientras tanto, Rossi jura y perjura su inocencia. Un juez consideró que había semiplena prueba de culpabilidad y lo procesó, un tribunal probó que se había apropiado indebidamente de dineros públicos, lo ratificó el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos y, a pesar de su planteo en contrario, la Corte Suprema de Justicia de la Nación consideró que no se habían vulnerado sus derechos durante el proceso. Pero Rossi insiste con su inocencia.
“Yo tengo derecho, como cualquier ciudadano, de apelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. He dado todos los pasos ante los tribunales argentinos para poder llegar y no hay por qué molestarse; tampoco tienen que preocuparse los jueces, fiscales ni procuradores si el fallo está bien; pero yo sé que se equivocaron, como puede pasarle a cualquier ser humano. Y el fallo está equivocado”, aseguró Rossi en diálogo con El Diario.
–Pero a pesar de lo que usted dice, la condena ha sido confirmada por un tribunal, después por el Superior Tribunal de Justicia y también por la Corte Suprema…
–Eso es una equivocación. La Corte Suprema no admitió el recurso de queja, de manera que no analizó nada.
–…
–Además, en Entre Ríos no existe el doble conforme porque la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia no lo garantiza, primero porque no revisa los hechos y segundo porque el tribunal de garantías del proceso no puede ser el tribunal ordinario de segunda instancia, eso es una aberración. Por eso la diputada (Patricia) Díaz presentó un proyecto para reglamentar algo que establece la reformada Constitución Provincial.
–Lo que llama la atención es que el proyecto fue presentado por su esposa y lo beneficia directamente a usted.
–Si ella encuentra algún problema debe tratar de solucionarlo, y esto es algo que puede beneficiar a cualquiera. Además, yo ya cumpliré en su totalidad la sentencia porque el artículo 20 del Código Penal dice que una persona que ha recibido una inhabilitación absoluta puede ser restituida en sus derechos y capacidades en la mitad del plazo si se ha comportado correctamente. Y también se habla de que en el caso de sentencias recurridas o confirmadas de prisión condicional, los plazos se computarán desde la fecha de pronunciamiento originario. Entonces, como la condena se dio a conocer el 12 de junio de 2006, la pena de prisión condicional se cumplió hace un año, las tareas comunitarias terminarán de cumplirse el mes que viene, la multa ya fue pagada y los cuatro años de inhabilitación también se cumplen el mes que viene.
–¿Pero apelaría a ese beneficio que prevé la revisión íntegra de la condena por un tribunal superior, en caso de que se aprobara en la Legislatura?
–Eso no tiene por qué beneficiarme a mí. ¿Por qué se rechazaría dar por cumplida la condena si así lo dice el Código Penal? Sólo que hubiera alguna cuestión personal o política en mi contra.
–¿Entonces pedirá para que lo habiliten para presentarse como candidato en 2011, a pesar de haber recibido una inhabilitación absoluta de ocho años para ejercer cargos públicos?
–No sé si me voy a presentar como candidato o si me postularé como intendente o legislador. Primero voy a pedir mi habilitación como ciudadano, tal como dice la ley. Toda mi vida ha sido dedicada a la política; yo no hice negocios para tener estancias, ni departamentos en Mar del Plata o Punta del Este; yo tengo una vida común en Santa Elena y los fondos que he manejado son de la política; yo no me enriquecí; manejé fondos de la política. No digo que los jueces tienen mala intención ni que son manejados sino que se equivocaron, por lo tanto voy a seguir luchando para demostrar mi inocencia ante las esferas nacionales e internacionales.
–¿Por qué reemplazó a Julio Federik como abogado para la presentación ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos?
–Porque se terminó una etapa. Carlos Edwards tiene los antecedentes para realizar una presentación internacional y Guillermo Reggiardo está trabajando bien el tema, analizando el expediente, y ha encontrado enormes fallas.
–¿Usted está trabajando con su esposa en la Legislatura?
–No, no, la diputada es mi esposa; colaboro en algunas cosas, pero ella se maneja absolutamente sola.
–Sin embargo, llamó la atención verlo presenciando la última sesión de la Cámara de Diputados…
–Esa es una equivocación suya. He ido varias veces a las sesiones y, en este caso, estaba interesado en el debate que había.
