Yedro fue condenado por la Justicia junto a su ex esposa, Silvia Torres, de quien se divorció en 2001. Pero antes de la disolución del matrimonio, compraron en 1997 las acciones de la sociedad Delrubio y Hunmendi SRL, firma que en 1998 adquirió aquel campo, ubicado en el Distrito Raíces Norte, en el departamento Tala, por 800 mil dólares. Aunque con el tiempo ha ido revalorizándose: hoy tendría un valor superior a los 7 millones de dólares.
Esa operación inmobiliaria, al igual que la compra de un predio de 91 hectáreas en Puerto Yeruá, departamento Concordia y la apertura de una cuenta bancaria en la República Oriental del Uruguay, a criterio de la Justicia, fueron actos de “enriquecimiento ilícito insuficientemente justificados” mientras Yedro ejerció cargos públicos. Yedro fue concejal justicialista de Concordia al inicio de la recuperación democrática, en 1983, y luego senador provincial durante dos períodos, coincidentes con la primera y la segunda gobernación de Jorge Busti: entre 1987 y1991, en el período 19991/95 durante la intendencia de Busti, ocupó la dirección de Obras Sanitarias, donde se denunció un déficit de alrededor de 2 millones de dólares y entre 1996 y 1999, volvió a la legislatura provincial en la lista de Busti.
Aunque aquel fallo condenatorio fue confirmado por el Superior Tribunal de Justicia (STJ), Yedro ha rechazado la imputación, y por eso llegó con un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que todavía no ha sido resuelto. Ahora, también cuestionó aquel despojo de su campo.
El planteo es que el decomiso fue ilegítimo, por cuanto la condena por enriquecimiento ilícito recayó sobre el “socio gerente” de Delrubio y Hunmendi SRL, y no sobre la sociedad propietaria del campo, lo que convierte a sus socios en “terceros no responsables”. La sociedad está integrada, además de Yedro, por sus hijas, Fátima, Luciana y Lara, quienes pasaron a formar parte en 2003, tras la separación del ex legislador de su esposa. El 3 de abril de 2003, y ante escribano público, Yedro y Torres, hicieron el reparto de bienes; el mismo día y ante el mismo escribano, Daniel Corsini, Silvia Torres donó a sus hijas su participación accionaria en la empresa.
El recurso judicial, que técnicamente se denomina “acción reivindicativa”, fue presentado ante el Juzgado Civil y Comercial de Rosario del Tala y apunta a la restitución del campo “a su legítima propietaria, a quien se deberá poner nuevamente en posesión legal”, según el escrito firmado por el apoderado legal de Delrubio y Hunmendi, el abogado Claudio Alfredo Manfroni Reynoso.
El escrito dice que “ante la eventualidad de que la Provincia intente seguir adelante con la ejecución de la sentencia y desalojar del campo a nuestro mandante, Delrubio y Hunmendi, con sus semovientes, maquinarias, muebles y útiles, provocando un daño injusto aún muchísimo más grave, promueven esta acción para poner las cosas en su quicio, y lograr que dicho inmueble rural se restituya a su legítima propietaria, por haber sido ésta un tercero no responsable de los hechos investigados y juzgados”.
Y aunque Yedro haya promovido un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en disconformidad con la sentencia condenatoria, ni una ni otra situación deberían alcanzar a la sociedad propietaria del campo, señala el texto de la presentación. “La situación jurídica del doctor Yedro en el proceso penal es, por lo tanto, absolutamente separada, ajena e independiente de la posición jurídica de la sociedad propietaria del campo, y de las socias que integran la misma”, plantea.
Yedro así ha puesto en cuestión una sentencia judicial. Lo dice claramente en el escrito que presentó el apoderado legal de su empresa. Sostiene que “pretende lograr la restitución a la sociedad del bien inmueble que arbitrariamente le arrebató la sentencia que condenó a Yedro por su actuación a título personal como funcionario público, no como gerente de la sociedad”.
Y reprocha que la decisión judicial del decomiso de su campo “es contraria a todo derecho, pues desconoce el carácter inviolable de la propiedad privada”, y por eso reclamó a la Justicia, por la vía civil, que deje sin efecto una condena impuesta en sede penal. Particularmente, reclama que se “ordene que se le restituya la posesión del inmueble que se le arrebató por esos actos de despojo (decomiso y toma de posesión por la Provincia), cuya declaración de ineficacia o nulidad peticionamos por violatorios de elementales garantías constitucionales”.
Destaca además que la sentencia no contempló el hecho de que el campo decomisado era “propiedad de un tercero ajeno al proceso”, y en ese punto hace notar la “autocontradicción irreductible” del Tribunal que condenó a Yedro al decomisarle el campo de Tala y no otro que formaba parte del patrimonio conyugal, de 91 hectáreas, ubicado en Puerto Yeruá, y registrado a nombre de Teresa Concepción Cutro de Torres, ex suegra del ex legislador.
Y anota que “ese predio rural (el campo de Raíces Norte) fue bien habido por la sociedad, por lo cual directamente ha sufrido un despojo y se la ha descapitalizado por la arbitraria acción de la Justicia”. Se trataría, abunda, en una “confiscación prohibida por la Constitución Nacional”, por cuanto “no se ha probado de ninguna manera que la sociedad haya adquirido por medios ilícitos el campo decomisado”.
El Procurador General de la Provincia, Jorge Amílcar García, recibió con estupor la noticia de que el ex senador provincial Mario Yedro había puesto en cuestión una sentencia firme de la Justicia provincial para reclamar la devolución del campo que le fue decomisado en 2005.
Pero vuelto de la perplejidad, anticipó que pondrá a trabajar al Ministerio Público Fiscal en la investigación de la posible comisión del delito de “estafa procesal” en que podría haber incurrido Yedro en el planteo que ingresó en los Tribunales de Rosario del Tala.
“Vamos a investigar esta cuestión porque creemos que estamos ante un incumplimiento de sentencia. La sentencia está firme. La sentencia firme implica que el campo está decomisado”, dijo.
En ese punto, García adelantó que la idea es poner a trabajar al agente fiscal de Rosario del Tala “para analizar el planteo, porque si estamos frente a un caso de estafa procesal se puede ver perjudicado el Estado. Por eso voy a poner a trabajar al fiscal”.
Hay dos puntos que tanto en la Justicia como en el Gobierno tienen en claro: hay sentencia firme, aún cuando haya un recurso de queja ante la Corte, y el planteo de ahora de Yedro estaría poniendo en cuestión un fallo de Cámara que podría tener derivaciones impensadas.
El ex senador tiene una pena de prisión condicional, que se podría convertir en efectiva y llevarlo a la cárcel, según una fuente que pidió reserva de su nombre. “Fue un error haber planteado esta acción civil”, explicó.
Asegura que al habérsele quitado la propiedad, que controla el Estado desde 2008, se desconoció “el carácter inviolable de la propiedad privada”, y se violaron “elementales garantías constitucionales”.
Fuente: El Diario
