La decisión ahora está en la Cámara del Crimen de Gualeguay, indicó a El Diario la jueza de Instrucción de Tala, Noelia Ríos. «Tardará unos días en resolver», estimó sin precisar la funcionaria judicial. Hasta tanto no se expida la Cámara no habrá orden judicial para que la Policía actúe en la posesión de las tierras. De todos modos, el ex legislador justicialista podrá, si así lo desea, acudir al Superior Tribunal de Justicia.
Las vías judiciales fueron muy bien utilizadas por Mario Yedro, quien resiste a ser desalojado pese a que cargue sobre sus espaldas una condena por haberse quedado con dineros públicos. El dirigente de Concordia fue condenado en 2005, junto a su mujer Silvia Torres –de quien se divorció en 2001–, a una pena de 3 años de prisión en forma condicional, una multa de $90.000, inhabilitación por el término de 10 años para ejercer cargos públicos y el decomiso del campo de 2.164 hectáreas, que quedó en posesión del Estado provincial (ver aparte).
Fiscalía de Estado pretendió tomar posesión del campo en septiembre de 2008, pero el dirigente se resistió a entregarlo. Hubo varias cartas documentos para que deje el inmueble, pero no hubo respuesta. Cuando el condenado se decidió a contestar lo hizo a través de un recurso judicial, que técnicamente se denomina «acción reivindicativa». El planteo apuntó a que aquel decomiso fue ilegítimo, por cuanto la condena por enriquecimiento ilícito recayó sobre el «socio gerente» de Delrubio y Hunmendi SRL, que sería él, y no sobre la sociedad propietaria del campo, lo que convierte a sus socios en «terceros no responsables». La sociedad está integrada, además de Yedro, por sus hijas Fátima, Luciana y Lara, quienes pasaron a formar parte de la firma en 2003, tras la separación del ex legislador de su esposa.
La maniobra tenía como fin sustituir una causa penal en una civil. A partir de allí la Justicia le inició una nueva causa por «esta procesal». Se entendió que el ex senador había puesto en cuestión una sentencia judicial al decir en la presentación que se pretendía «lograr la restitución a la sociedad del bien inmueble que arbitrariamente le arrebató la sentencia» que lo condenó por su actuación «a título personal como funcionario público (y) no como gerente de la sociedad».
Lo cierto es que Yedro espera, en Concordia, un pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que debe resolver sobre un recurso de queja, aunque ya la Procuración General de la Nación (PGN) recomendó a la Corte rechazar el planteo.
Yedro tiene otra causa en su contra. Esta vez por amenazas. Este expediente es del año pasado y se inició a raíz de una denuncia que hizo el empleado de Fiscalía de Estado, Néstor Jofré, quien se instaló en el campo para tomar posesión.
De acuerdo a un especialista, el campo de 2.164 hectáreas que ocupa Yedro, si se siembra de soja, tiene una capacidad de dar una ganancia bruta de poco más de 6 millones de pesos. A esa cifra hay que descontarle el 35% por retenciones, impuestos, gastos de siembra y cosecha.A groso modo, al propietario le quedaría 1 millón 800 mil pesos cada seis meses, tiempo que lleva el ciclo sojero. La próxima cosecha, precisamente, está por levantarse este mes.
