Como los demás implicados, Sebastián Pérez Gadín cuestiona la validez como prueba del video en el que se basó Casanello para terminar de construir una hipótesis y citar a todos a indagatoria. En la filmación están Martín Báez, Pérez Gadín padre e hijo, Walter Zanot (dueño de la empresa Top Air) y César Augusto Fernández (dueño de SGI), todos imputados. Cuentan una cantidad de dinero que los peritos del Banco Central estimaron en 5,1 millones de dólares. El juzgado sospecha que era dinero de origen ilícito que Austral Construcciones (de la que Báez es dueño en un 95 por ciento y su hijo tiene el resto) que se insertaba en SGI para disimularlo y que el ilícito precedente era un fraude tributario, ya que la empresa usaba facturas truchas para inflar gastos y descontar impuestos.
El miércoles Báez no contestó preguntas del juez pero presentó un escrito en el que intenta justificar que su dinero es de origen lícito. Aunque no lo dice directamente, desliza que la plata que cuentan en SGI es suya. Dice que mucho antes de la época del video compró a través de Austral un terreno al Colegio Northlands y que allí construyó un barrio cerrado de 80 unidades con amenities. La obra, detalla, empezó en 2008 y terminó en 2013. “Por la venta de unidades se percibieron desde el 1 de agosto de 2008 hasta el 27 de enero de 2012 la suma de 6.677.129 dólares”. “La forma de pago en la mayoría de los casos era al contado al momento de firmar el boleto y, en otros casos, por anticipo y con financiamiento de la parte restante”, argumentó. Eso, dice, mostraría “el origen lícito de las presuntas sumas que despiertan la atención de V.S (vuestra Señoría)”. Su patrimonio, sostiene, tenía libre disponibilidad de esos fondos.
Casanello le negó a Báez la excarcelación por las sospechas puntuales de lavado, un delito con expectativa de pena alta (3 a 10 años de prisión) y porque tendría medios para fugarse. En relación a Pérez Gadín, recuerda que él mismo reconocía en su currículum su actividad de contador de la familia Báez en varias empresas, entre ellas Austral. Y señala “serias sospechas” de que “supervisaba y controlaba SGI”, “dedicada a actividades de intermediación financiera y cambiaria no autorizada”. Eso explica que su hijo Sebastián, intente minimizar la relación con esa “cueva” y asegure que su papá no participó en nada irregular. Dice que hacían trabajos de consultoría y “coaching”. Ahora Báez y Pérez Gadín reclamarán su libertad ante la Cámara Federal mientras Casanello evalúa si los procesa (lo que puede implicar prisión preventiva) igual que a sus respectivos hijos.
