La ley declara como servicios esenciales a “la recolección de residuos urbanos, tanto domiciliarios como patológicos, el servicio de potabilización y distribución de agua y el servicio de transporte público urbano de pasajeros y el cementerio -la inhumación, cremación, tumulación o entierro de cadáveres-, en todo el territorio de la Provincia de Entre Rios”.
Además precisa: “Entiéndase por servicio esencial, aquel que debe ser prestado de manera obligatoria y continua por quien corresponda, ya sea el gobierno provincial o local, y que de ninguna manera se puede suspender su provisión de forma tal que se ponga en peligro la vida, la seguridad personal o la salud de la totalidad o parte de la población”.
En el artículo 3º la norma aclara que “en aquellos casos en que por razón de un conflicto de trabajo, las partes decidieran adoptar medidas de acción directa que involucren actividades que puedan ser consideradas servicios esenciales, deberá garantizarse la prestación de los servicios esenciales a fin de evitar su interrupción”.
Por último, se establece que esta ley “es de orden público para todo el territorio provincial”.
Cuando se discutía en la Legislatura entrerriana, la norma tuvo severas críticas de los sectores gremiales, que aseguraban que es inconstitucional porque “vulnera derechos adquiridos del pueblo trabajador argentino”.
Pese a ello, fue sancionada el 27 de noviembre pasado, en tanto recibió promulgación el 17 de diciembre y registrada bajo el Nº 10774. El 2 de enero fue publicada en el Boletín Oficial entrerriano.
