La primera etapa incluyó la instalación de 16 cámaras que ya están funcionando. Pasarello destacó que la mano de obra, el mantenimiento y la fibra óptica que se utiliza son recursos de propiedad municipal. Con un aporte de la Nación de $ 1.200.000 que recibieron en el marco del Plan Nacional de Seguridad, se logró la adquisición de 40 domos más. Hasta la fecha ya se van instalando aproximadamente 23. “En promedio, cada dos o tres días se va instalando un domo por la configuración y las pruebas que se hacen”, dijo.
En el municipio tienen expectativas de completar la instalación de 26 cámaras en breve. Y en los próximos días, ingresarán al país 30 más. Las cámaras son importadas dado que Passarello explicó que, por las especificaciones requeridas “no se encuentran en una góndola”, y van ingresando en forma paulatina al país. Una vez que se instalen las 56 cámaras se cubrirá la segunda etapa que incluye el Acceso Sur. “Si todo marcha bien y no hay ningún contratiempo técnico, estas 56 cámaras tendrían que estar funcionando en 30 días”, dijo.
A mitad de año se lanzará la licitación de la tercera etapa para adquirir las cámaras restantes. “La idea es poder cubrir el Acceso Norte: todo lo que es Monseñor Rösch y la ruta 015”, indicó. No obstante, el director de Seguridad destacó el compromiso del ministro de Gobierno y Justicia, Mauro Urribarri, de aportar las cámaras restantes para llegar al centenar en la ciudad. De suceder esto, se llegaría al número requerido sin erogaciones extras.
Passarello aclaró además que se plantea instalar algunas en puntos críticos dentro de algunos barrios conflictivos, de manera coordinada con la Policía. En realidad, todos los puntos donde están instaladas las cámaras se hicieron de manera consensuada con la Jefatura de Policía de acuerdo al mapa del delito y un análisis criminal realizado desde la Policía de la Provincia. En algunos casos, sino hay fibra óptica que llegue a esos lugares, las transmisiones de las cámaras se realizan por aire pero la calidad transmisión depende de las condiciones ambientales.
Una vez que estén instaladas las 100 cámaras, las autoridades podrán hacer un seguimiento en tiempo real de un hecho delictivo visualizando personas, autos o motos que se desplacen o podrán utilizar las imágenes para un proceso judicial posterior. “Está pensado para que quien cometa un delito quede entrampado en este sistema de videovigilancia”, señaló.
Más adelante, explicó que quienes cometen delitos “complejos” analizan la ciudad antes de llevar a cabo un golpe. “Cuando se trata de delitos de alta visibilidad, generalmente se hacen análisis previos y se evita la realización de hechos delictivos en los lugares donde hay videovigilancia”, dijo. Por lo tanto, las cámaras pueden actuar como un elemento disuasivo.
En segundo lugar, depende de la habilidad de quienes estén monitoreando las imágenes de abortar o localizar y detener in fraganti al autor un hecho delictivo, denominado “ocasional” como robo o hurto en la jerga policial de parte de quienes actúan sabiendo o no que hay cámaras, en el momento previo o posterior a que se cometa.
En tercer lugar, las imágenes sirven como elemento de prueba para instancias judiciales posteriores. De hecho, Passarello destacó que la Justicia pudo encadenar eslabones sueltos de acciones delictivas con la ayuda de las imágenes captadas por los domos, requeridas por oficios. “Ya han servido como elementos de prueba de hechos de gravedad ocurridos en la ciudad”, indicó.
La sala de monitoreo que visitó hace una semana la ministro de Justicia de la Nación, Patricia Bullrich, está ubicada en la Jefatura de Policía. Funciona de manera parcial con un técnico municipal ayudado por personal policial funcionando de manera rotativa. Para que funcione al 100 %, se aguarda una promoción de mujeres policía que saldrá de la Escuela de Oficiales de Paraná. “En cuanto ese personal se reciba va a cumplir una guardia completa con mayores recursos humanos para estar atento a todo el sistema”, indicó.
No obstante, el sistema es más complejo dado que comprende una central telefónica y la instalación de GPS en los patrulleros para visualizarlos en un mapa. En consecuencia, funcionando a pleno, los operadores, al tanto de las llamadas de emergencia, pueden derivar los móviles policiales en tiempo real ubicando en tiempo y espacio el más cercano al lugar del hecho. Pasarello indicó que lo descripto estaría en proceso de licitación. “Hasta donde sabemos, esto está en proceso de licitación”, señaló.
Pasarello dijo que cuentan con un proyecto que establece la instalación de una central de monitoreo en el primer piso de la Terminal de Ómnibus. “La idea, ésta es una opinión personal, es que podría ser un servicio mixto en el cual tengamos personal municipal monitoreando con la supervisión de funcionarios policiales o un jefe de sala dependiente de la Policía de la Provincia”, dijo. La ventaja en ese esquema es que no se necesita personal con formación policial en el monitoreo de las imágenes. Passarello destacó que así funcionan los centros de monitoreo en Tigre u otras localidades del conurbano bonaerense. El proyecto fue entregado a la ministra Bullrich en su visita realizada la semana pasada.
Por último, destacó que quienes transitan en la vía pública pueden quedar grabados mientras se desarrolla una actividad personal como, por ejemplo, jugar con los hijos. El municipio está adherido a la Ley Provincial de Videovigilancia N° 10.175 que se sancionó en 2012 cuando comenzó a funcionar el 911 en Paraná. Se establece la protección de los datos privados de los ciudadanos, para ello, el sistema puede almacenar las imágenes captas en la vía pública por un plazo de seis meses. Transcurrido el mismo, las filmaciones almacenadas se borran. Las excepciones sólo serán las captaciones fílmicas requeridas por la Justicia.
