En la misiva, Carbonell le reprocha a López Arango que ella misma participó del cónclave en el que se habría decidido esta modalidad de “apertura”, sin que se haya expresado en contrario.
Le recuerda además que ninguna jurisdicción manifestó quejas por sobrecargas de tareas o hacinamiento.
Asimismo le hace ver que se trabajó con una dotación de apenas el 40 % de lo habitual y con un números máximo de 3 personas en 3 ambientes.
Asimismo le recuerda que la justicia es un servicio público esencial, así como el carácter de funcionarios públicos y por tanto, la mayor responsabilidad social.
