Resulta necesario hablar del tema de las retenciones a las exportaciones, sobre todo si del sector agropecuario se trata, por el impacto que en distintos planos trae aparejada la cuestión, que por estos días con el barullo de la carne, parece que el tema no se refleja en los titulares de los diarios, como lo era tiempo atrás.
Nadie pone en duda hoy la existencia de los desequilibrios sociales que imperan en la Argentina, a los que la provincia de Entre Ríos no escapa.
Desde la devaluación del año 2001, la canasta básica de alimentos subió considerablemente su costo, no así los ingresos de los argentinos, generando un constante incremento de ciudadanos por debajo de la línea de pobreza.
Por otro lado la devaluación del peso frente al dólar estadounidense generó una importante brecha ente los precios recibidos por los exportadores argentinos y sus costos. A ello hay que agregar, el incremento internacional sostenido de los precios de los productos provenientes del sector agropecuario.
Frente a ese escenario, el Gobierno Nacional a principio del año 2002, implementó las retenciones a las exportaciones de origen agropecuario, un impuesto que incide directamente en el monto de los ingresos de los exportadores, quienes por un lógico efecto traslativo (dada la atomización de la oferta y la concentración de la demanda de empresas exportadoras), impactan los efectos de dichas retenciones, sobre los eslabones más débiles de la cadena de valor, es decir sobre los productores agropecuarios.
También corresponde indicar, que los precios internos, en situaciones como las que ha atravesado la Argentina, tiende a subir porque los productores, ante una mejor opción que les ofrece el mercado externo, privilegian al mismos antes que al mercado doméstico, generando en consecuencia, un acelerado proceso de deterioro del salario real de los trabajadores.
La decisión de aplicar impuesto a las exportaciones de origen agropecuario (llamados en Argentina retenciones), tiene una base real de sustentación en este escenario. Ya que de no hacerse, el sector agropecuario recibe una importante traslación de ingresos por parte de los consumidores internos (además del mercado externo), que en condiciones de prosperidad económica de los mismos, no sería cuestionable, pero el drama es que cuando dichos consumidores son pobres o indigentes, ello implica subsidiar mayores ganancias de unos con la afectación de los principales recursos de otros (incluso el hambre), lo que significa a todas luces una injusticia social.
El Estado ha esgrimido suficiente causas para considerar que deben aplicarse las retenciones, porque las mismas son imprescindibles para su financiamiento, que debe destinar parte importante de lo recaudado a subsidiar a los desocupados y sectores indigentes.
Los reclamos por suprimir las retenciones a las exportaciones primarias tienen muchas veces como argumento un contenido simplista, pero ello no impide que esto sea avalado por partidos políticos, organizaciones intermedias, cámaras empresariales y hasta organizaciones sindicales. La presión de los interesados en este tema ha llegado incluso a varias iniciativas parlamentarias que instalaron en ambas Cámaras proyectos para derogar las retenciones.
La puja de intereses contrapuestos frente a la posible eliminación ó reducción de las retenciones, es una cuestión que ha pasado incluso a otros sectores y actores de la economía y ahora se habla de efectos pampeanos y extra-pampeanos como una forma de medir el impacto de las retenciones.
Las asociaciones de productores primarios que las retenciones serían cargas públicas ‘distorsivas’, con referencia a una supuesta, e ideal, neutralidad impositiva. Ellos afirman que la utilidad ‘extraordinaria’ que genera la política cambiaria -sumada a los precios internacionales muy altos que aún benefician a muchos bienes primarios de exportación- es parte de ganancias ‘legítimas’; alegan, además, que estos ingresos inusuales podrían impulsar nuevas inversiones que elevarían más rápidamente la producción de cereales y oleaginosos. Esta posición es apoyada por formadores de opinión, políticos y ex funcionarios y reciben en menor medida el apoyo de sectores como en minero y petrolero
Los productores más pequeños y marginales –como se indicó al principio-hacen suya esa demanda porque esperan una mejora en sus ingresos, expectativa que no necesariamente se cumpliría debido a que la industrialización y comercialización de la producción agrícola tiene una estructura muy concentrada y una posición estratégica en la cadena de valor. Concierto temor estos productores creen también que de eliminarse las retenciones los incrementos de márgenes por esa causa no se trasladen a ellos y queden en sectores intermedios, generando una segregación dentro del propio conjunto de productores, que separa notablemente la suerte de los que se ubican en zonas favorecidas o de los grandes respecto de los pequeños.
Pero lo que ha quedado en claro es que las retenciones agropecuarias, hasta el momento han estado lejos de ser el instrumento adecuado para una correcta distribución del ingreso, por los que resulta oportuno y necesario que el debate se amplíe y permita la adecuada confluencia de los legítimos intereses sectoriales con los del conjunto de la sociedad y, en especial, los de los argentinos más postergados. Se trata de lograr consensos amplios respecto del adecuado uso de los instrumentos cambiarios, fiscales y crediticios, en la búsqueda de un desarrollo basado sobre la competitividad sistémica y sustentable, que permita la preservación ambiental y avance en la equidad social.
