La Cámara encontró razonable que el Gobierno Provincial, en su carácter adherente de la Ley Nacional 26.364 – homologados por la Provincia y el Municipio- a través del Ministerio de Gobierno y Justicia, cuente con el poder Policía necesario para cumplir y hacer cumplir con los compromisos internacionales (atr. 75 inc 22CN) asumidos por el Estado Nacional en materia de “Trata de Personas”, particularmente con la subscripción del “Protocolo de Palermo”, que regula la Convención contra el crimen organizado y define al flajelo de la “Trata de Personas” desde un punto de vista amplio y abarcativo de diversas actividades que pudieran dar lugar a ella, obligándose a los países firmantes a adoptar las medidas preventivas y protectorias o reforzar las existentes, con la finalidad de desalentar la demanda que propicia cualquier tipo de explotación conducente a la “Trata de Personas”, especialmente de mujeres y niños; informó el sitio digital 03442.
Además, la Cámara destacó que la norma aplicada y tachada de inconstitucionalidad por parte de la defensa, supera ampliamente el test de “razonabilidad”, siendo adecuada a los fines propuestos por mandato legal y constitucional.
Resumiendo, dicen que el medio empleado se muestra “apto” para lograr el propósito buscado por el legislador en la búsqueda de paliativos para erradicar todo tipo de facilitación y/o explotación de las personas.
Este es un revés a las pretensiones de los propietarios de locales nocturnos y ahora resta esperar que se expida al respecto el doctor Mariano Martínez, juez de Garantías y Transición, que tiene en sus manos el amparo presentado por el representante legal de la whiskería J&M, que seguramente se conocer en próximas horas.
