La jueza Silvina Gallo dejó en claro que la disposición final de los residuos es un servicio público. Aunque Wdowiak señaló que lo hizo dejando constancia de que es un tema “opinable”. Además la jueza señaló que estaba vigente en Entre Ríos la ley que establece los presupuestos mínimos para el tratamiento de los residuos domiciliarios. No obstante ello, al analizar si hubo intención o no de violar una norma, en base a lo probado en la causa y teniendo en cuenta que en el municipio se pensaba que no se trataba de un servicio público, determinó que los imputados no habían obrado con el propósito de violentar la ley.
Wdowiak, de igual manera, sostiene que el tratamiento y la disposición final de los residuos, no es un servicio público. Y añadió que, a su criterio, tampoco surge de la ley nacional mencionada esa interpretación. “La ley establece los requisitos mínimos que se tienen que tener en todas las etapas que recorre la basura”, dijo. “Pero no se deduce de que se trata de un servicio público”, señaló.
Además, recordó que en el momento de concesionar el tratamiento a la empresa Cetru, la norma estaba siendo tratada en la Legislatura. “Había tenido media sanción pero después había perdido estado parlamentario y con posterioridad ingresó otro proyecto”, señaló. Mediante oficio judicial, el presidente de la Cámara baja en la gestión anterior, Jorge Busti, aseguró que fueron advertidos por una ONG acerca de la aplicabilidad de la norma sin necesidad de adhesión de la provincia. “Pero esto fue en el 2010. Quiere decir que hasta el 2010 todos entendían, incluso en la Legislatura provincial, que no era de aplicación inmediata y que requería sí o sí una adhesión”, indicó.
“Todos entendíamos y estábamos convencidos de que no se trataba de un servicio público”, reafirmó más adelante. Incluso, dijo que el ex concejal radical Ricardo Larocca compartía esa opinión. “Cuando va a declarar aseguró que su oposición fue más política que técnica. Y si él hubiese sabido que se estaba violando una ley, como concejal y como profesional del derecho, tenía la obligación de hacer la denuncia. Él tampoco entendió en ese momento que se estaba cometiendo un delito”, manifestó.
La fiscal María José Fonseca ya adelantó que iba a plantear un recurso de casación ante el Superior Tribunal de Justicia si los imputados eran absueltos. Para el ex edil, esa advertencia fue “muy inoportuna” porque la fiscal señaló que actuaba de esa manera para que “no quede impune el delito que cometieron, palabras más palabras menos”. Para Wdowiak se le estaba faltando el respeto a la jueza. “Como que la jueza dejaría en impunidad todo el seguimiento de esta causa. Me parece que no corresponde la apreciación, independientemente que después apele o no”, señaló.
En cuanto a la situación actual del Campo del Abasto, Wdowiak señaló que lo que más lamentaba no era el proceso judicial en el que estuvo inmerso sino que “el contrato no haya tenido un resultado positivo”. “Es imprescindible que se lo haga, es necesario, se sigue en la misma situación: familias enteras revolviendo la inmundicia, la basura, poniendo en riesgo su salud. Viendo como se está haciendo la explotación de menores porque son chicos de 3, 4, 10, 12 años que lo hará un padre, un tío, cuando no deberían estar ahí. Deberían estar en la escuela, en otro ámbito”, señaló.
Para insertar formalmente en la economía formal se emprendió la concesión, señaló Wdowiak. “A través de un trabajo formal, con garantías sanitarias, con un seguro médico, con jubilaciones”, detalló. “Creo que estamos a fojas 0”, añadió. Asimismo recordó que en ese momento, no existía otra empresa a nivel país como para evaluar otros antecedentes. “Se recurrió a ella a través de un artículo en el diario Clarín y se los entusiasmó para que vengan acá. Se trataba de una inversión importantísima donde el municipio no corría ningún riesgo. Tampoco el municipio tenía los medios económicos como para llevar adelante una empresa de esta envergadura. Lamentablemente por todo lo que sucedió, no quisieron quedar más y dejaron el emprendimiento”, resaltó.
