El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña autorizó aplicar el toque de queda entre la 1 y las 6 de la mañana hasta el próximo 23 de julio en Barcelona y en los municipios de más de 5.000 habitantes con una incidencia superior a los 400 casos por cada 10.000 habitantes en los últimos siete días.
“Se autoriza la resolución del 15 de julio por la cual se establecen medidas de restricción de la movilidad nocturna para contener el brote epidémico de la pandemia de Covid-19 en el territorio de Cataluña”, comunicó el tribunal catalán.
Siguiendo esta línea, desde esta noche, los ciudadanos de las poblaciones afectadas no podrán permanecer en las calles sin justificación entre la 1 y las 6 de la madrugada.
“Es una medida difícil, pero necesaria para frenar los contagios, para proteger vidas y el sistema sanitario”, tuitió el presidente catalán, Pere Aragones, luego de que se conociera el aval judicial.
La medida involucra principalmente a los municipios del área metropolitana de Barcelona y de la provincia homónima, aunque también están incluidas muchas localidades de la costa y las ciudades de Girona, Tarragona y Lérida.
El tribunal se decantó por esta decisión “a pesar de su tan acentuado alcance territorial y personal” y “a fin y efecto de salvaguardar y preservar los derechos a la vida y a la protección de la salud y la estabilidad del sistema sanitario”, indicó.
“Todo ello en razón a la tan penosa resultancia de índices epidemiológicos que nos dejan en tan mal lugar a todos, sobre todo si se tiene en cuenta la resultancia por franjas de edad”, plantearon los jueces.
Si bien la duración del confinamiento nocturno se estableció hasta el 23 de julio, la medida podría extenderse en base a la evolución epidemiológica.
De este modo, Cataluña se convirtió en la segunda región española después de Valencia en volver a implantar un toque de queda para frenar la propagación del coronavirus.
En tanto, Cantabria, Extremadura y Navarra se encuentran pendientes de la aprobación judicial para aplicarlo en partes de su territorio, mientras que el tribunal de Islas Canarias rechazó aplicar la medida en el archipiélago.
