El titular del Sindicato de Trabajadores de la Fruta, Salvador Medina, advirtió que la responsabilidad por la seguridad de los trabajadores “les cabe a los dos: a la gente que está a cargo del personal y a la empresa solidaria que les da el trabajo”.
El viernes se produjo el hecho mas grave cuando se rompió “un quemador que eliminó monóxido de carbono”, que afectó a un centenar de obreros y 40 debieron ser hospitalizados. Ahora se sumaron tres trabajadores más, los que debieron ser derivados a un instituto privado.
Medina explicó que desde la Dirección Provincial del Trabajo “fueron con un inspector y se hizo un acta para constatar cual es el inconveniente”, subrayando que los trabajadores estaban organización en una supuesta cooperativa, lo que encuadra un “fraude laboral, ya que las cooperativas no deben trabajar para terceros”. Agregando que personalmente le señaló “al Director Provincial de Trabajo, que hay cooperativas a las cuales el año pasado se le hicieron inspecciones y hoy siguen trabajando”.
Por último indicó que “se está esperando que se haga la presentación de la documentación de las inspecciones y de acuerdo a eso, se van a tomar las medidas”
Otras cuestiones
Roberto Salerno es uno de los integrantes del Comité Ejecutivo de la Cámara de Exportadores del Cítrus, entidad que nuclea a los diez empaques de Concordia y que hace tres semanas solicitaron al gobernador Jorge Busti, para que interceda por las dificultades que atraviesan actualmente, “tanto en el tema de mercados como de certificación para la exportación”.
Según los exportadores la provincia debía tomar intervención “para evitar cualquier problema que afecte a la gran cantidad de mano obra que depende de esta actividad”, la que asciende a casi 20.000 personas en forma directa e indirecta.
Lo que puntualmente solicitaban era tener mayor participación en lo que se hace a control de empaque, “a fin de que realmente se haga un trabajo equilibrado y proporcionado para que no corran riesgo las exportaciones y que se pueda trabajar en buenas condiciones”.
El pedido fue recepcionado por el gobierno y e 7 de julio se concretó una reunión con las autoridades del SENASA en Buenos Aires.
