La demanda, que lleva la carátula “Velo Rogelio y otros c/Estado Nacional y otro s/accion meramente declarativa de inconstitucionalidad” se promovió contra el Estado Nacional (Poder Rjecutivo) y contra Senasa –centro regional Entre Ríos-, a fin de que se declare la inconstitucionalidad de varios artículos de la resolución.
Los viveristas sostienen que se “configura un estado de incertidumbre” debido a una “medida desproporcionada, irrazonable, arbitraria, ilícita y anticonstitucional” que dispone la obligatoriedad de colocación de todo el material de propagación cítrico “bajo cubierta”, bajo apercibimiento de cortar, quemar y no indemnizar al productor que no cumpla con el bajo cubierta, no obstante estar produciendo plantas sanas y, en consideración a que el HLB puede generar importantes perjuicios a la cadena citrícola “sin elementos objetivos, técnicos agronómicos o científicamente comprobados que así sea”.
Los actuantes señalan que es incierto además el ingreso del HLB a la región, su modo de dispersión virulento, y no tener certidumbre de si se debe cuidar de no infectar el banco de multiplicación o evitar al insecto vector.
Los viveristas pretenden continuar produciendo en viveros “a campo” que están todos debidamente registrados por el propio Senasa, actualmente cumpliendo con los estándares normativos de salubridad del material de propagación cítrico y en plena producción de plantas “certificadas” utilizando yemas provistas por el centro de incremento regional (cir) “Campo El Alambrado”, acreditando con ello que la cadena de producción de plantas cítricas “a campo” se inicia con material de propagación absolutamente seguro, que fue obtenido y evaluado bajo estrictas medidas de protección para impedir toda posible contaminación de virus y bacterias.
Asimismo, sostienen que el Senasa pretende aplicar con forceps una medida “sin importarle que los viveristas no están en condiciones económicas ni materiales de afrontar un cambio de 180º en la forma de producir o, lo que es peor aun, están actualmente produciendo en viveros “a campo” controlados y sanos desde el puntos de vista fitosanitario”.
Mediante esta acción los viveristas pretenden que la Justicia Federal “les respete el derecho constitucional a la propiedad y al mantenimiento de sus fuentes laborales, sostén de sus economías familiares y de muchas otras vinculadas a la actividad”.
