Estamos en problemas si el gobierno no entiende que esto no puede seguir así. Lo que podemos observar hasta ahora, es que, a diferencia de lo que viene ocurriendo, esto es, que los conflictos se resuelven de una u otra manera, este persiste.
No es para menos, hay un sistema productivo del agro-negocio, que desmerece el grito social de los afectados. Directamente niega la existencia de enfermedades producto de la utilización de agrotóxicos que utiliza ese paquete tecnológico de producción.
Niegan esto y también desestiman la palabra del juez en cuestión cuyo fallo señala textual que, de acuerdo a la “prueba producida- una duda razonable acerca de su peligrosidad para la población”. Y por si faltara agrega que, según “nuevo Código Civil y Comercial contemplan la función preventiva del daño sin requerimiento de que el mismo se hubiera concretado”.
Por si faltara el juez en cuestión cita otro fallo similar avalado por el Superior Tribunal de Justicia y por tanto señala “Sabido es que la cosa Juzgada «Es una garantía constitucional que surge de la interpretación del art. 18 de la Ley Fundamental, con el objeto de dotar de seguridad jurídica a las relaciones sociales resultantes de una controversia resuelta judicialmente».
No es menor este dato aportado a personas que se han cansado de estigmatizar al anterior gobierno por, precisamente no dotar al país de “seguridad jurídica“.
En cuanto a la “República” palabrita muy utilizada por ruralistas PRO, el juez recuerda que “No hay dudas que no es el Poder Judicial el llamado a gobernar, sino que lo es el Poder Ejecutivo en ejercicio de sus facultades. Siempre que éstas sean constitucional y legalmente ejercitadas”.
El juez además y respecto de las distancias de fumigación (1.000 y 3.000 mts), ofrece sobrados ejemplos de fallos similares a este, en localidades como Zarate-Campana ; General Pueyrredon y Santa Fe, entre otros. En otras palabras, es falso que Entre Ríos sea un caso especial.
En el caso de Entre Ríos puntualmente, el juez recuerda que “ningún área del Ministerio de Salud avaló el Decreto previo a su dictado”, al mismo tiempo que cita informes de especialistas y científicos vinculados a la salud que son lapidarios respecto del tema.
Incluye en su fallo esta conclusión “»teniendo en cuenta el peso de las evidencias presentadas, como especialistas en salud humana, con experticia en Medicina Legal y en Pediatría, consideramos que los artículos 2, 3 y 4 del Decreto N° 2239/19 Gob, NO SON PERTINENTES en relación al medio ambiente y la salud de educandos, docentes y no docentes de escuelas rurales, en lo que respecta al cuidado de la salud humana respecto a las zonas de restricción y exclusión».
CASTRILLON : “Ponerse de acuerdo en el sistema de producción”
Este elemento es clave si lo que se pretende es resolver este problema hasta ahora irresoluble y lo dijo de un modo muy simple : hay que ponerse de acuerdo en el modo de producción. Es decir, está muy bien que se gane dinero produciendo, pero esa ganancia no debe ser a costa de la salud de la población.
Si el gobierno entendiera esto, no insistiría con Decretos que son rechazados por la justicia. No hay nada nuevo y este fallo lo demuestra pues además destroza el planteo, de modo que es improbable que el STJ cambie de actitud, salvo que se animen a borrar con el codo lo que ya escribieron con la mano.
Esta debe ser otra de las cuestiones a poner en consideración de la sociedad. Ya no va más atropellar y creerse dueño del país. El gobierno debe sentirse obligado a mediar, no a agachar la cabeza y atender el reclamo de una de las partes solo porque es la más poderosa.
Ahora es el turno de Germán Carlomagno, Bernardo Salduna, Susana Medina, Martín Carbonell y Juan Ramón Smaldone, en rigor los vocales del Superior Tribunal de Justicia que deberán resolver la apelación que presentó el Gobierno entrerriano al fallo que declaró la inconstitucionalidad parcial del último decreto sobre fumigaciones
