La iniciativa busca recuperar la idea original de estos fondos y asegurar que los recursos aplicados por la provincia para seguridad, información e inteligencia sean efectivamente gastados en esos fines específicos y a que las áreas dedicadas a prevenir y luchar contra el delito los utilicen con eficiencia y racionalidad.
El objetivo de la propuesta del dirigente del PRO apunta además a poner un límite legal para evitar los “abusos e ilicitudes” como también fortalecer la lucha contra el delito. Para asegurar tal fin, el proyecto establece que “los créditos presupuestarios destinados a gastos reservados tendrán como fin atender la actividad que debe desarrollar el Estado para prevenir y combatir el delito y prohíbe su utilización con propósitos ajenos a esa finalidad, por lo que limita la obtención de esos montos sólo a los organismos competentes con esa actividad”.
En su iniciativa, Vitor define que la partida de gastos reservados podrá ser modificada únicamente por previa y expresa aprobación de la Legislatura provincial y su fiscalización quedará a cargo del Tribunal de Cuentas “bajo absoluta reserva”, a través de una Unidad Especial con dependencia funcional del presidente y el vocal que represente la primera minoría de la Cámara de Diputados.
El proyecto, que ya cuenta con estado parlamentario propone que la formulación de los gastos reservados en la clasificación funcional presupuestaria de la Administración Pública Provincial corresponda al código “Servicios de Prevención y Seguridad”.
El diputado macrista afirma que durante los dos gobiernos que antecedieron al de Gustavo Bordet “se tuvo por costumbre asignar sin motivación ni justificación alguna partidas para ‘gastos reservados’ a múltiples funcionarios de los tres Poderes del Estado Provincial que en absoluto detentan competencia o ejercen funciones relacionadas con seguridad, inteligencia e investigación del delito”.
Vitor entiende que “se hace preciso poner un límite legal para que tales abusos e ilicitudes no se repitan y se termine con el ‘enriquecimiento sin causa’ de una lista importante de funcionarios del Estado Provincial”.
“Así, el gobernador, el vicegobernador, ministros, presidentes de Cámaras y una serie de otros funcionarios públicos, han cobrado a lo largo del tiempo ‘gastos reservados’, que en realidad no fueron ‘gastos reservados o secretos’. Por el contrario, constituyeron sobresueldos en negro sobre los cuales no existieron aportes jubilatorios ni a la obra social IOSPER”, afirma Vitor en los fundamentos de la iniciativa.
A esta “extralimitación” se agregaron, desde el año 2010, los “gastos de representación” que “se habrían tomado de la partida de Gastos Reservados asignada al Poder Ejecutivo pagados por éste mensualmente a ocho vocales del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos y el Procurador General de la Provincia y el Defensor General de la Provincia”, denuncia el diputado.
“De este modo, el Gobierno proveyó a los magistrados de un sobresueldo antes y después de haberse equiparado sus ingresos a los de los ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación habiendo incurrido en malversación de fondos públicos”, sostiene Vitor.
“En un primer momento, al transferir desde la partida destinada a ‘gastos reservados’ fondos que cambiaron su destino y se identificaron como ‘gastos de representación’. Y en un segundo momento, al apropiarse los beneficiados de tales fondos sin haber cumplido ninguna tarea real y efectiva de ‘representación’ del Gobierno Provincial. Es decir, tales importes para ‘gastos de representación’ no cumplieron su finalidad legal específica: servir para gastos de interés público o interés general”, agrega el legislador.
Para Vitor, el “gran riesgo en que estos pagos en negro disfrazados de ‘Gastos Reservados’ han colocado la Provincia surge con total justificación ante la ‘habitualidad’ de dichos pagos y la experiencia que ha tenido nuestra Caja de Jubilaciones con relación a los jubilados del Poder Judicial ya que éstos han sido quienes más han demandado a la Caja por múltiples motivos relacionados con los haberes jubilatorios que perciben, equivalentes en un 100% a los haberes que cobran los jueces y magistrados en actividad”.
Esto le permite concluir al diputado que es “altamente probable que, luego de cobrar varios años ‘en negro’ -como viene sucediendo- sumas importantes reconocidas como ‘gastos de representación’ que se habrían tomado de la partida de gastos reservados, la habitualidad y mensualidad de tales pagos sea el justificativo que se encuentre para fundamentar reclamos por incremento de haberes jubilatorios, demandas que colocarán a la Caja de Jubilaciones en una situación deficitaria peor a la que ya se encuentra”.
Con control
Vitor sostiene que se denominan “gastos reservados, confidenciales, secretos, clasificados o de acceso limitado o restringido” aquellos que el Estado “necesita hacer y mantener en reserva por estrictos objetivos de defensa y seguridad”. Y que son esas y no otras, las únicas razones que justifican la existencia de estos gastos cuyas característica principal es que eluden la publicidad.
Pero remarca que esta excepción “no implica autorización para malversar o disponer de fondos por fuera de la Contabilidad Pública y en desmedro de la transparencia”.
Tras advertir que el crecimiento del delito requiere esfuerzos especiales para su prevención, Vitor recuerda que los “gastos reservados” se denominan también “secretos, confidenciales, clasificados” y se exceptúan del procedimiento utilizado para realizar las rendiciones de los demás gastos del Estado. Y que la autoridad que dispone de ellos debe “guardar la mayor discrecionalidad” y la forma de rendirlos “no permite su amplia publicidad, aún cuando deben contar con documentación respaldatoria que determine la corrección y correspondencia de su destino o inversión”.
