El legislador presentó un proyecto de ley marco en el cual establece determinados puntos y acciones sobre el nuevo contrato entre el banco y el gobierno que regirá desde septiembre del corriente año.
El presidente del bloque PRO exigió que el banco «abone a la provincia un canon por el capital generado producto de los amplios movimientos que realiza el gobierno de Entre Ríos en la entidad», dijo.
Y añadió: «Actualmente todos los entrerrianos le estamos pagando al banco con nuestros impuestos para que ejerza como agente financiero, cuando en realidad el banco debería pagar a la provincia por el privilegio de administrar las cuentas públicas ya que le permiten al banco ampliar su negocio».
También Vitor pidió «un tratamiento preferencial a empleados y jubilados provinciales con derechos a préstamos con tasas razonables y el acceso a pagar costos financieros menores, diferenciándolos de los clientes comunes del banco, entre otros beneficios».
Además requirió «un plan de inversión para mejorar la atención de la entidad en las sucursales con el objetivo de lograr una mejor prestación de servicios cubriendo las necesidades emergentes, que se instalen sucursales en todos los municipios y cajeros automáticos en todas las localidades de la provincia».
Al respecto Vitor, enfatizó: «No puede ser que haya entrerrianos que deban viajar para poder cobrar un cheque o hacer un depósito en efectivo».
Por otra parte solicitó que se garanticen «los puestos de trabajo al plantel de empleados bancarios que existe en la actualidad, asegurando su continuidad al momento de la suscripción del nuevo contrato».
El vicepresidente segundo de la Cámara, remarcó que en el proyecto se prevé que la entidad bancaria «trabaje obligatoriamente con el Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos (IAPSER) en todas las operaciones propias del Estado Provincial y en las que se vinculen como asegurados los empleados y jubilados de la provincia de Entre Ríos. El negocio de los seguros debe quedar dentro de la misma provincia, no puede ser que el gobierno le entregue listas de clientes cautivos y que ellos les vendan cualquier otro seguro, diferente al que el mismo Estado tiene”.
Por último, Vitor reclamó sobre el régimen sancionatorio: «En estos quince años no hubo ninguna sanción del Gobierno al banco y claramente hubo muchas deficiencias. Exigimos que en este contrato se establezcan sanciones, que se cumplan y que el Poder Ejecutivo tenga la suficiente participación para garantizar lo estipulado en el contrato», finalizó.
