"Éste es un tema que lo vengo planteando antes de la campaña 2015 cuando fui electo diputado", dijo a Radio Ciudadana (FM 89.7). El primer tema son los $ 600 millones anuales que se lleva el banco como comisiones. En comparación, mencionó que las 196 juntas de gobierno de la provincia perciben $ 222 millones por año. Eso quiere decir que el Bersa "cobra el triple" de las asignaciones de las juntas de gobierno.
Vitor remarcó que el banco tiene una clientela cautiva y cobra intereses financieros altos teniendo en cuenta que no tienen riesgos de incobrabilidad dado que a los empleados se les descuenta automáticamente de su cuenta sueldo. "Todos los empleados públicos, todo lo que tenga que ver con la cuestión económica de la provincia pasa por el Bersa el cual cobra el 1 % de la coparticipación que es muchísimo y el 1 % de lo que se cobra en las facturas de servicios", dijo. Y, a su vez, tiene tercerizados las bocas de cobro, como Entre Ríos Servicios, en drugstores o negocios afines a los que les cobra un monto fijo por boleta.
De la misma forma, cuestionó la atención de la gente. "Es pésima", dijo. y añadió que se eliminó un cajero automático, el que estaba en la terminal de ómnibus. "Cada vez hay menos centros de cobro" descentralizados. En Paraná, los jubilados cobran en un local de calle La Rioja y deben permanecer dos o tres horas para poder hacerlo. En Gualeguaychú hay tres cajeros y los clientes deben esperar más de una hora para cobrar. "En Tala las colas son interminables; en Diamante se cobra tardísimo. En Victoria también", señaló
A su vez, recordó que el Bersa era administrado por el Crédit Agricole de Francia (una red francesa de bancos cooperativos que se ha convertido desde 1994 en un grupo bancario internacional generalista) hasta 2002 cuando se desprendió del mismo, junto al Bisel y al Suquía. Quedó en manos del Nación hasta que pasó a formar parte del Grupo Eskenazi que también tiene los bancos de Santa Fe, San Juan y Santa Cruz.
"Tomaron el control, se hizo un convenio. En ese momento, se puede decir que las condiciones del país eran muy complicadas y por eso las cláusulas que se pusieron", dijo. En marzo de 2015 venció el contrato. No obstante, la provincia lo renovó al contrato hasta 2020 dando a conocer el acuerdo en diciembre de ese año. Eso significa que pasaron nueves meses sin que trascendiera a la Legislatura que se había renovado el contrato.
El legislador puso la lupa sobre el manejo de los depósitos judiciales provenientes de cuentas embargadas por diferentes motivos que quedan inmovilizadas en algunos casos por varios años. Ese mismo dinero se presta a los empleados públicos a "tasas siderales".
El diputado dijo que se deben cambiar esas condiciones, aunque el agente financiero siga siendo el mismo. "Son las dos cosas que vengo diciendo al gobernador que se deben cambiar" dijo en referencia también a los gastos de la Legislatura, cuestión que termino en la justicia a raíz de la aparición de contratos truchos. "Lo que me dice es que ya las condiciones están; reconoce que hay que cambiar", dijo.
