Las protestas que terminaron violentamente se registraron cerca de la sede de Gobierno, en el centro histórico de Quito. La policía lanzó gases lacrimógenos contra los grupos que se mantenían en las calles a pesar de la medida de excepción decretada horas antes por el presidente.
Los manifestantes tiraron piedras y bombas molotov contra los efectivos que intentaban desarticular la protesta. La jornada terminó con 35 personas heridas, 21 de ellas policías, y alrededor de 300 detenidos.
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“Rechazamos el estado de excepción que restringe derechos y abre la puerta para que haya una escalada de represión contra la población que se manifiesta en las calles contra el paquetazo de Moreno, que deteriora aún más la situación política, económica y social del país”, denunciaron desde la agrupación Compromiso Social.
Las protestas contra la quita del subsidio a los combustibles acordada entre el Gobierno y el FMI habían comenzado con un paro general de transporte y cortes de rutas. El estado de excepción dictado por Lenin Moreno agravó aún más el ánimo de los manifestantes, que reforzaron las acciones. “Ratificamos continuar con la medida indefinidamente”, declaró Carlos Brunis, líder de los taxistas de Quito.
“¡Qué nos pasa! Esto demuestra la crisis moral que vive la Patria, por culpa del peor gobierno de la historia. Ecuador tiene mecanismos constitucionales para superar tanta conmoción. Constitución art. 130.2; 148: ¡Que se vayan todos! Llamen a elecciones. Recuperemos la paz”, lanzó el expresidente de Ecuador Rafael Correa a través de su cuenta de Twitter.
Moreno ordenó ayer el estado de excepción por 60 días en un intento por frenar el creciente malestar social ante el paquete de medidas convenido con el Fondo Internacional a cambio de un salvataje millonario destinado a aliviar la falta de liquidez del gobierno debido al sobreendeudamiento.
El ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, explicó que bajo el estado de excepción militares y policías actuarán en conjunto para «restablecer el orden». Con la medida, el gobierno también está facultado para suspender o limitar derechos como el de la libre movilidad o imponer la censura previa para la prensa. Además se autoriza el posible cierre de puertos, aeropuertos y pasos fronterizos.
