Según las estadísticas la mayoría de los menores abusados por un familiar, finalmente se retractan aunque el hecho haya existido, esto se debe a que muchas veces el acusado es también el sostén económico de la familia y su detención dificulta aún más las cosas, porque las victimas persisten con la denuncia solo hasta que el hambre las hace claudicar, y llegan a retractarse ante los jueces, porque –en efecto- no tienen para comer y eso llega a dolerles más que el abuso, o porque no soportan la carga de que la familia no les crea.
Como siempre la realidad supera la ficción y aunque estas líneas parecen extraídas de la célebre obra de Fiódor Dostoyevski “Crimen y Castigo”, los casos que aquí se presentan pertenecen nada más que a la cruda realidad de los barrios marginales de Concordia, y no han sido extraídos de otro sitio, más que de los tribunales del fuero penal local.
Según afirman fuentes judiciales, -en total concordancia con lo que arrojan las estadísticas nacionales- la mayoría de los casos son así; el agresor, o violador, es el sostén de familia, “y si el tipo queda preso, al poco tiempo (15 o 20 días) vienen a querer retirar la denuncia porque no tienen para comer” hay casos en que “las propias madres han hecho mentir a sus hijas, abusadas, para salvar al violador de la cárcel” afirma indignado un funcionario, para coincidir en la totalidad de lo expuesto con uno de sus pares, y ambos a su vez, con las estadísticas de una ONG, que afirma que en el escaso porcentaje de abusos que son denunciados, cerca del 50% de las victimas se retractan durante la investigación.
Evidentemente Dostoyevski no solo era un buen escritor, sino que conocía al ser humano, o conocía muy bien la pobreza; pero, a pesar de ello -increíblemente- la realidad lo ha superado ampliamente.
El otro factor clave en esta problemática es el sentimental; muchas mujeres golpeadas, piden ayuda porque sufren violencia domestica pero “se resisten a separarse de su agresor, porque aún lo aman, o creen amarlo”.
Es una claro sometimiento, a veces temor, e incluso admiración, por aquel con quien otrora compartiera la cama, y que se ha convertido en su victimario.
Ante la denuncia, en casos de violencia familiar, la medida judicial es la expulsión del hogar, pero a menudo –y cada vez con mayor frecuencia- el agresor regresa, “alega que es su casa, que ahora esta todo bien” ignorando la disposición judicial, o directamente vuelve para cobrarse venganza; rompiendo una puerta o una ventana.
Cuando la Policía lo va a detener, la mujer,-la victima, la denunciante- lo defiende.
Y no hay protocolo para esta situación, la orden es clara, no debe acercarse, pero en el lugar se da una resolución implícita, -la victima lo defiende-; una solución aparente del conflicto, pero tan efímera como la voluntad del expulsado de acatar la orden judicial. Entonces la decisión final es del fiscal de turno, que solo tiene potestad para detenerlo por el incumplimiento de la norma por el máximo de 48Hs.
De tratarse de otro tipo de delito, la detención, e incluso la prisión preventiva podría argumentarse por el paradigma de Riesgo Jurídico, (entorpecimiento de la investigación) pero en estos casos, no hay investigación; de lo que se trata es de resolver un conflicto dado.
En tal caso, los hechos han sido probados al momento de la denuncia con la inspección médica de estilo y además, la prisión preventiva por seguridad de la víctima es –hoy en día- ilegal, ya que la funcionalidad de la medida es garantizar el proceso de justicia, no la seguridad de la victima, que es materia competente de otro poder.
¿Qué queda entonces por hacer? ¿Quién puede garantizarle a la denunciante la tranquilidad? O mejor dicho a los hijos ¿quien se hará responsable de la retractación de la denunciante?
En esto, claro está, debe jugar un papel fundamental el ministerio pupilar, a cargo del COPNAF, quien debe velar por los intereses de los menores así como los jueces de dicho fuero, pero ¿no es –entonces- un poco tarde ya? Es decir, ¿basta con garantizar la Justicia para las victimas?
Al parecer, la solución a estas dos problemáticas, no radica en promover nuevas normas, o jurisprudencia, y bien es sabido que la prevención policial no tiene injerencia en el terreno domestico.
La solución es, ni más ni menos, que la independencia económica de las victimas del acusado, y una intensa observación psicológica del Estado sobre las victimas.
