El Ministerio Público de la Acusación resolvió que cuando los funcionarios judiciales vayan a la escena de un crimen lleven "por precaución" dos chalecos en el auto que los traslada. "Se estableció a través de una circular que los fiscales deben retirarse si está en riesgo su vida", aseguró a LA NACION Jorge Blaclini, fiscal general de Rosario.
El fiscal de Homicidios Adrián Spelta explicó que cuando los funcionarios judiciales concurren al lugar de un crimen se encuentran con situaciones complejas. "Están familiares, allegados a la víctima y hasta a veces los presuntos autores. Son zonas donde hubo violencia previa y podría haber un nuevo hecho. Por lo tanto, debemos estar prevenidos ante estas situaciones", indicó.
El fiscal de Cámara Guillermo Camporini opinó que "es válido" el pedido de chalecos antibalas de los miembros del Ministerio Público de la Acusación, porque -según destacó- "el crecimiento de la violencia ha sido exponencial en Rosario. La función del fiscal siempre conlleva un riesgo y uno, como ser humano, lógicamente siente cierto temor. Si se asumió una responsabilidad como es la de desempeñar la tarea de fiscal, uno tiene que estar preparado para este tipo de situaciones", agregó Camporini.
La seguridad de los funcionarios judiciales se puso en peligro anteayer en el barrio La Tablada, donde habían concurrido a investigar el asesinato de Leonel Zalazar, de 20 años, quien fue acribillado de nueve balazos. La zona de Ayacucho y Centeno es territorio de disputa entre dos bandas ligadas al narcomenudeo, con un historial cargado de muertes.
Después de que llegaran al lugar policías, fiscales y periodistas, la tensión subió cuando, según contó la periodista de Televisión Litoral Almudena Munera, se oyeron disparos a unas cuadras del lugar del crimen. Los tiros se repitieron en dos oportunidades. Y no se sabía de dónde venían. Se sospecha que era un grupo que estaba en Esmeralda y Doctor Riva. Efectivos policiales persiguieron a los jóvenes en moto que estaban armados, pero no los pudieron detener. Ante este clima, algunos cronistas se refugiaron en casas de vecinos de la calle Centeno, una arteria que fue abierta en julio pasado por la Municipalidad de Rosario, después de 25 años, en el marco del plan Abre.
LA PRENSA BAJO FUEGO
Un hecho similar ocurrió a principios de enero pasado en el barrio Ludueña, cuando en medio de un clima de extrema tensión tras el asesinato de un joven en las inmediaciones de un búnker, un grupo de jóvenes en moto disparó contra los investigadores judiciales, los periodistas y fotógrafos que cubrían el hecho en la zona de Teniente Agnetta y Casilda.
Ante la ausencia de la policía se gestó un caos en el lugar, donde un grupo de periodistas de la ciudad -entre los que se encontraba el fotógrafo de LA NACION- y el fiscal Spelta quedaron en medio del tiroteo y debieron refugiarse para no terminar heridos. Luego, el funcionario judicial se retiró porque no estaban dadas las condiciones de seguridad.
Allí, en pleno barrio Ludueña, Damián Gómez, de 20 años, había sido asesinado de tres disparos. Ante el crimen, los vecinos de la zona destrozaron y saquearon el quiosco de drogas donde lo mataron. Después llegó otro grupo de jóvenes en moto que comenzó a disparar. Este conflicto en el barrio terminó con tres jóvenes con heridas de bala.
En enero pasado, cabe recordar, la Comisión de Libertad de Expresión y Formación Profesional del Sindicato de Prensa Rosario alertó sobre la situación al advertir sobre "la difícil situación que se vive en distintas zonas de la ciudad y en la que quedan expuestos los trabajadores de prensa que cumplen con su tarea, aun ante la presencia de efectivos de la policía y de representantes de la Justicia".
