En razón de los últimos hechos ocurridos en la ciudad en lo que se refiere a violencia de género, específicamente las manifestaciones y denuncias realizadas por una enorme cantidad de mujeres que afirman haber sufrido acoso, abuso o violencia de género de algún tipo por parte de un funcionario municipal, la agrupación considera que “no es suficiente con apartar del cargo al presunto violento, sino que el Ejecutivo Municipal debe asumir que no se trata de un caso aislado y actuar en consecuencia. Por ello solicitan a los integrantes del Concejo Deliberante de Concordia que insten el efectivo cumplimiento de las Ordenanzas 36.766 y 37.268.”
“Nosotros no naturalizamos. Nosotros no vamos a callar semejante hecho de violencia. Nosotros queremos un país con más derechos y más igualdad para todxs. Un país donde cualquier género esté protegido antes estos abusos”, fue el comunicado de “Agrupación Argentina de Pie”, la cual forma parte de la Juventud Peronista Concordia, apenas se conoció el caso del funcionario municipal acusado de violencia de género.
En dicho comunicado, fechado el lunes 7 de Junio, afirmaron su repudio ante «todo hecho de encubrimiento político que ejercen ‘compañeros’ haciendo ‘oídos sordos’ ante una situación tan aberrante.»
En tanto que, en el transcurso de esta mañana, formalizaron su reclamo elevando una nota al Concejo Deliberante de la ciudad en la cual exigen que ese cuerpo inste al Ejecutivo Municipal a cumplir con las ordenanzas que adhieren a la “Ley Micaela” y que tienen aprobación desde hace mucho tiempo.
La Ordenanza 36.766, sancionada en 2019, la cual adhiere a la Ley Nacional 27.499 -Ley Micaela- y en su art. 2 indica que el municipio celebre convenios con el Instituto de la Mujer con el objeto de implementar las actividades de capacitación, formación y concientización que susciten la reflexión crítica sobre la temática de género y violencia contra la mujer.
En tanto que la Ordenanza 37.268 sancionada en noviembre de 2020, adhiere a la Ley Provincial 10.768 -Ley Micaela- de capacitación obligatoria y permanente en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública, en todos sus niveles y jerarquías en los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; estableciendo que la Autoridad de Aplicación es la Dirección de Gestión Preventiva y de Promoción. Asimismo, el art. 3 establece la creación del “Observatorio de Seguimiento de Capacitación en Género y Violencia contra las Mujeres”.
A nivel provincial, dicho “Observatorio de Seguimiento de la Ley Micaela” se conformó en junio de 2020 como lo prevé la norma provincial que adhirió a la ley nacional.
Es más, a principios de marzo del corriente, este medio informaba que la Secretaría de Mujeres, Género y Diversidad del Ministerio de Desarrollo Social había reiniciado las jornadas de capacitación anuales para agentes municipales, con encuentros en las localidades de San Jaime de la Frontera y Federación, en el marco de la Ley Micaela.
Sin embargo, en el municipio de Concordia -señalan desde la “Agrupación Argentina de Pie”- “al día de la fecha, habiendo transcurrido más de dos años de la sanción de la Ordenanza 36.766 y más de 6 meses desde la sanción de la Ordenanza 37.268, se desconoce si la autoridad de aplicación de esta última norma ha realizado gestiones tendientes al efectivo cumplimiento de la misma y si se ha conformado el Observatorio de Seguimiento de Capacitación en Género y Violencia contra las Mujeres.”
Y señalan: “Resulta urgente la aplicación de las ordenanzas mencionadas ya que permitirán la prevención de casos de violencia de género, así como también una actuación efectiva y rápida ante hechos ya consumados. Repetimos: no es suficiente con apartar del cargo a un funcionario político particular que ha sido denunciado como violento, es urgente que se implementen políticas públicas que permitan erradicar la violencia de género en todos los ámbitos.”
En virtud de lo expuesto, solicitan al Concejo Deliberante que inste ante el Poder Ejecutivo Municipal “la urgente y efectiva aplicación de dichas Ordenanzas. Asimismo, solicitan que los ediles designen las/os representantes que integrarán el Observatorio de Seguimiento de Capacitación en Género y Violencia contra las Mujeres”.
