En la última sesión del Concejo Deliberante de Villaguay ingresó para la consideración de los ediles el decreto del Departamento Ejecutivo Municipal vetando parcialmente la ordenanza Nº 903 sobre libre acceso a la información pública, que fuera sancionada por unanimidad en la sesión del pasado 12 de mayo.
En uno de los párrafos del decreto, se expresa que “las obligaciones, plazos y sanciones contenidas en la ordenanza Nº 903 exceden notoriamente las obligaciones que la Ley 3.001 de Municipios le impone al Departamento Ejecutivo Municipal, también se estaría extralimitando las facultades que la misma ley confiere a los concejos deliberantes”.
Otra objeción que se manifiesta es que la referida ordenanza “omite determinar la asignación presupuestaria pertinente para la implementación del sistema”. También critica que la norma “libera a los interesados del requisito público inveterado de manifestar el motivo y/o interés legítimo de su requisitoria”.
El Concejo, ahora, deberá resolver si se insiste con la norma como fuera sancionada (se requiere el voto de las dos terceras partes de los concejales). El Concejo está constituido por tres ediles de la UCR, cuatro del PJ, dos concejales del PJ formaron un bloque disidente, en tanto que hay un edil que conformó el bloque unipersonal Espacio por Villaguay.
La intendenta, Sandra Sánchez, justificó su decisión advirtiendo que se organizan rondas de prensa cada tanto y una vez por mes se distribuyen boletines con todos los actos de gobierno. “La ordenanza establece plazos y sanciones para dar respuestas a las requisitorias de la población y esto no es legal ni coherente”, sostuvo la mandataria justicialista. “Si la Ley 3.001 no pone sanciones por incumplimientos, menos puede hacerlo una ordenanza”, cuestionó.
Por último, alegó que para cumplir con las requisitorias “tanto la intendenta como todos los funcionarios deberíamos estar abocados a esa tarea e imposibilitados de cumplir con las tareas de gobierno”.
¿Que dice la ordenanza?
El proyecto de ordenanza vetado fue presentado en julio del año pasado por los concejales de la Unión Cívica Radical, cuyo propósito es “mejorar los mecanismos de libre acceso a la información pública”. La norma establece que toda persona física o jurídica de la ciudad de Villaguay, tiene derecho “a solicitar y recibir información completa, veraz, adecuada y oportuna de cualquier órgano perteneciente a la Administración Municipal” y del Concejo Deliberante.
Según la misma, deberá proveerse la información contenida en “documentos escritos, fotografías, grabaciones, soporte magnético o digital, o cualquier otro formato” sobre cualquier tipo de documentación que sirva de base a un acto administrativo así como las actas de reuniones oficiales. La solicitud será satisfecha en un plazo de 10 días hábiles, el que excepcionalmente podrá prorrogarse por igual término.
En el artículo 10º del proyecto se establece que el funcionario público que en forma arbitraria obstruya el acceso del solicitante a la información requerida, o la suministre en forma incompleta, permita el acceso a información eximida de los alcances de la presente u obstaculice de cualquier modo el cumplimiento de esta ordenanza incurrirá en falta grave, “y su responsabilidad estará regida por el ordenamiento jurídico general en los órdenes administrativos, civil, penal, disciplinario y/o político”.
