Sobre este tema, Bargagna expresó que en la concepción del Bloque que integra, en la operatoria y control del sistema “debe intervenir personal capacitado de la Policía de la Provincia, actuando siempre bajo garantía de confidencialidad y siguiendo Protocolo de actuación o Manual de Procedimientos uniforme en todo el territorio provincial”.
El aporte alternativo al proyecto en estudio establece también que el Estado entrerriano, Municipalidades o Comunas, no podrán delegar la prestación y el control del servicio a particulares, debiendo, por su delicada misión, mantenerse bajo el monopolio del Estado, tanto en su implementación, como en su operatoria y control.
La diputada socialista que integra el bloque del FAP-Gen, agregó que “el delicado límite existente entre el reclamo social de más seguridad ciudadana y los derechos humanos a la intimidad, a la imagen y la no intromisión en la vida privada de las personas, exige que la instalación de las videocámaras se adecue al ‘mapa del delito’”.
“Las cámaras en la vía pública no se deben instalar en cualquier lugar sino sólo y únicamente en aquellos en las que presten en forma efectiva y concreta el servicio de prevención y seguridad ciudadana”, manifestó.
Por último, la diputada consideró de interés receptar las recomendaciones que han emitido las Defensorías del Pueblo de la Nación y la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires en el tema.
