La gobernadora promulgó ayer la ley 15.008, votada de forma exprés por ambas Cámaras provinciales el 19 de diciembre, con la que pasa de 60 a 65 años la edad mínima de jubilación, amplía el cálculo sobre los años trabajados, reduce la movilidad del salario percibido en actividad y ata la actualización a la fórmula de ajuste impulsada por el Gobierno nacional y votada tras dos días de represión.
El Ministerio de Trabajo nacional dictó la conciliación obligatoria al día siguiente de la sanción de la ley. Eran los días previos a Navidad y los trabajadores del Bapro realizaban un paro por 72 horas que amenazaban con extender. La conciliación abrió una mesa de negociación en la que se sentaron los representantes de La Bancaria de las comisiones gremiales del Bapro, representantes del Ejecutivo de Vidal y el presidente del banco bonaerense, Juan Curuchet.
El lunes debía realizarse la tercer reunión técnica en el marco de la conciliación obligatoria, que la cartera laboral extendió por otros 5 días el viernes pasado. Sin embargo, los representantes de las comisiones gremiales del Bapro denunciaron que se encontraron con "la solitaria presencia de un funcionario del banco". La mesa fue levantada con la propuesta ministerial de reanudarla el martes, pero la respuesta por parte del Ejecutivo de Vidal fue "inexistente". Ese mismo día, la mandataria provincial publicaba en el Boletín Oficial el ajuste jubilatorio.
"Hemos respetado el procedimiento de la conciliación obligatoria en apego a la ley y al espíritu de diálogo propuesto", resaltaron las comisiones gremiales en un comunicado conjunto y lamentaron: "Seguimos sin tener la menor expectativa de resolución, que repare los puntos de mayor importancia y gravitación que son inconstitucionales, ilegales o altamente lesivos para el banco y los trabajadores."
Los trabajadores del Bapro no solo denuncian el perjuicio que provocará en los haberes de los actuales y futuros jubilados de la entidad —que, sin embargo, continuarán realizando aportes extra a la caja previsional— sino también el mecanismo propuesto por el gobierno bonaerense para reemplazar el "hueco fiscal" de 5 mil millones de pesos anuales que salían de las arcas provinciales para cubrir las jubilaciones. Según la ley promulgada por Vidal, será el propio banco el que deberá hacerse cargo con sus utilidades de cubrir los fondos de jubilación.
Frente a esa situación, los trabajadores emitieron un comunicado público en el que denuncian que "la caja de jubilaciones del banco es deficitaria, no por culpa de los empleados, sino, porque el banco terceriza tareas que antes eran realizadas por los empleados" y también cómo se desfinanció la caja previsional al quitarle las ganancias de Provincia Seguros. Además, advierten que la obligación de cubrir las jubilaciones a través de las utilidades de la propia entidad significa "ir a la quiebra" y subrayan: "Sería como que cualquier empresario o comerciante deba hacerse cargo, en el momento que sus empleados pasen a ser jubilados."
Por el momento, según indicaron fuentes de las comisiones gremiales a este diario, se continuará intentando modificar esos puntos clave de la ley en la mesa técnica de negociación, contando que si bien la norma fue promulgada, aún resta su reglamentación. De lo contrario, las comisiones que responden a La Bancaria, indicaron que Curuchet y los funcionarios provinciales deberán "responder ante la Justicia" por el "acto de irresponsabilidad" que significa aceptar cubrir las jubilaciones con las utilidades de la banca pública; y señalaron que será la gobernadora Vidal quien afrentará "la responsabilidad ante la sociedad sobre las consecuencias que acarreará la continuidad del conflicto".
