Loggio, además, precisó que con estas medidas del Gobierno nacional “se resguarda además el interés general de argentinos y argentinas, comprometida por las decisiones al menos desacertadas de las autoridades del Banco Nación durante la administración macrista, que otorgaron créditos irrecuperables a una empresa que financió la campaña de Juntos por el Cambio y que luego dejó de cumplir con sus compromisos”.
El legislador del Frente Creer apuntó que la administración estatal de una operadora de la magnitud de Vicentín, permitirá al Estado tener peso propio en el mercado de granos, arrojando además transparencia sobre los despachos al exterior que se realizan, siempre sospechados de ser facturados a través de las subsidiarias de Uruguay o Paraguay de la firma intervenida.
Pero los diputados de la UCR pusieron en duda “la legalidad y la constitucionalidad que tiene la decisión de avanzar sobre una empresa privada que, al igual que el país, se encuentra atravesando por una crisis económica”.
También salieron al cruce del “concepto de soberanía alimentaria bajo el cual se ampara el gobierno nacional a la hora de hacer este disparatado anuncio” y aseguraron que “la soberanía alimentaria se alcanza cuando hay seguridad jurídica, incentivos a la producción y políticas tributarias modernas y simples, eficientes y equitativas”.
Luego marcaron “los antecedentes nefastos que tuvo el Estado nacional cuando pretendió ponerse el traje de empresario y se dedicó a comandar empresas” y, en tal sentido, mencionaron los casos de Ciccone e YPF: “Se la vendimos a Esquenazi, luego se la compramos, después él hizo juicio y deberemos volver a pagarle”.
Desde la UCR consideraron que estos fracasos se dieron por varias razones, entre las que mencionaron “la corrupción instalada en la estructura del Estado, la transformación del empleo privado en empleo público, la expulsión de las inversiones y la distorsión de las reglas de juego con el sector privado, entre otras”.
En tanto, Mattiauda sostuvo: “El gobierno fundamenta el pedido de expropiación en que la mayor deuda de la firma es con el Banco Nación y por lo tanto toma partido en una causa que es judicial, no política. Eso afecta el principio de igualdad de los acreedores porque los desplaza de cualquier posibilidad de negociación”.
“El mensaje del gobierno es tan elocuente que si el Congreso avanza con la expropiación dejará en claro que la política de estado actual es llevarse puestas a las instituciones y no respetar la división de poderes”, sentenció Mattiauda. Y acotó: “por más que el Presidente diga que esto es ‘algo excepcional’, es un antecedente que debe preocupar no solo a las empresas que le deben al Banco Nación, sino a cualquier persona, pequeño o mediano productor que se haya endeudado en la banca pública para desarrollar su emprendimiento”.
